La Comisión de Justicia, que preside el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), aprobó por 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.
También, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La Ley General tiene por objeto la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y otros delitos vinculados.
Además, establece el tipo penal básico para la extorsión, aplicable a toda la República, sus sanciones y agravantes, así como otros delitos vinculados; reglas, procedimientos y previsiones para su investigación, persecución, sanción y ejecución penal y las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que las autoridades deben implementar en sus ámbitos de competencia, para la prevención.
En el artículo 15 estipula que a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico, se le impondrá de seis a quince años de prisión y una multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
El diputado Moreno Rivera explicó que la nueva ley homologa criterios en todo el país, garantiza la persecución efectiva del delito de extorsión, fortalece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y da atribuciones a las autoridades responsables de la investigación y sanción.
Además, protege a víctimas y testigos, garantizando mecanismos de denuncia segura, protección integral y reparación del daño; actualiza y organiza el marco jurídico relacionado, reformando los códigos y leyes complementarias en materia penal, procesal y judicial.
Señaló que el proyecto se organiza en dos bloques: la expedición de la Ley General, con cinco títulos; El primero, “Disposiciones generales”, el objeto, ámbito de aplicación, principios rectores y autoridades competentes.
Tambien esta a la prevención de atención a víctimas, regula políticas públicas y medidas de protección. El cuarto es el “De la coordinación institucional”, y el quinto, se refiere a la información, evaluación y estadísticas, en el que se crea el Sistema Nacional de Información sobre Extorsión.
Moreno Rivera señaló que se busca establecer una política nacional integral contra la extorsión, combinando prevención, persecución penal, protección a las víctimas y recuperación de bienes. Su objetivo es armonizar el marco jurídico, fortalecer la capacidad institucional y atender de manera prioritaria un delito que afecta gravemente la seguridad pública y la economía nacional.
De Morena, la diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, reconoció los avances en materia de seguridad pues, de acuerdo con datos del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los homicidios dolosos disminuyeron 32 por ciento, se fortaleció el Centro Nacional de Inteligencia y se creó la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia con nuevas áreas operativas.
También de Morena, el diputado Fernando Jorge Castro Trenti consideró necesario que las penas “sean de mayor calado” cuando los sujetos activos del delito sean servidores públicos en todos los ámbitos de la administración. “Me parece esencial que tomemos la decisión de detonar una cruzada contra la delincuencia, más cuando es causante del delito de extorsión un funcionario público”.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) comentó que plantean que la tentativa también sea sancionada porque el daño a una conducta delictiva debe ir desde la intención, independientemente de que se concrete o no porque ya hay una afectación. “Todos estamos abonando a un tema de primer orden para poder combatir a grupos delictivos”.
Del PAN, el diputado César Israel Damián Retes señaló que se deben tomar en cuenta los ajustes para que se convierta realmente en un combate y erradicación del delito de extorsión que afecta a las familias mexicanas. “Lo que estamos discutiendo hoy en esta materia es un reclamo de agrupaciones, personas, familias o comerciantes que sufren este delito, ya que les cobran piso”.
De MC, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez indicó que su grupo parlamentario presentó una iniciativa en esta materia y el dictamen recoge gran parte de sus planteamientos, pero aún hay aspectos que preocupan mucho, como la posibilidad de admitir elementos de prueba obtenidos con violaciones a derechos humanos, por lo que adelantó que su voto sería a favor en lo general y en lo particular presentaría una reserva al respecto.
A su vez, el diputado Alejandro Domínguez (PRI) dijo que iría en abstención porque –aunque revisaron las diferentes penalidades en las legislaciones locales– no hay un análisis estadístico de cuántas personas procesadas o sentenciadas por extorsión podrían salir libres si se reducen las sanciones, como lo plantea la reforma en comento.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) mencionó que la extorsión es el delito de mayor incidencia y crecimiento; no solo va desde el cobro de piso sino también es vía telefónica. Agregó que este dictamen considera cosas positivas, entre ellas la homologación del tipo penal.
Del PVEM, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón expresó que la iniciativa establece y refuerza un equipo de combate a este delito de alto impacto, conformado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, autoridades de justica e investigación, y ciudadanía.
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, diputada del PAN, dio a conocer que la extorsión se incrementó a ocho mil 585 víctimas entre enero y septiembre de este año. Es la expresión de una falta de Estado de derecho, además desarticula el tejido social, restringe las libertades de los ciudadanos e impacta en la vida económica y social de las comunidades.
De Morena, la diputada Estela Carina Piceno Navarro explicó que en esta ley se pretende mencionar las agravantes y tipificación del delito de extorsión, con el objetivo de realizar un combate eficiente y contundente a este problema. “Se deben hacer reformas e incluso crear una ley, ya que se necesita que este delito sea sancionado para mandar un mensaje contundente a aquellas personas que pretendan cometerlo”.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM) se pronunció a favor del dictamen porque se trata de un delito de gran impacto en la vida de miles de mexicanos; busca dotar al Estado de una herramienta jurídica moderna y eficaz para combatirlo y fortalecer la respuesta institucional, además recupera la autoridad del Estado y la confianza ciudadana en la justicia.
Diana Karina Barreras Samaniego, diputada del PT, estimó que con esta reforma se da un paso en la construcción de un país donde el miedo deje de ser una forma de vida y el Estado recupera la rectoría frente a este delito que roba dinero, tranquilidad, sueños y la confianza de las familias. “Es el cambio de fondo que la sociedad esperaba: un solo marco legal, una sola estrategia y un solo mensaje”.
Para el diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) combatir la extorsión es crucial y sumamente importante para desarticular a las redes de la delincuencia organizada en México, “porque combatirla significa incidir en el funcionamiento, estructura y en la propia supervivencia de estas organizaciones del crimen organizado”.
Del PRI, el diputado Emilio Suárez Licona advirtió que la extorsión se ha convertido en un sistema de impuestos paralelos al del propio Estado, que socava el desarrollo económico y golpea las economías de las familias mexicanas. Agregó que acompañarán toda acción efectiva que fortalezca la seguridad y señalarán “dictámenes incompletos” que no enfrenten de forma integral las causas del problema.
El diputado Sergio Mayer Bretón (Morena) resaltó que la extorsión afecta la economía nacional y a las familias. Sostuvo que la creación del centro de atención a denuncias por este delito tendrá por objetivo implementar mecanismos para la recepción, registro y canalización, atención y seguimiento de estas denuncias para atender esta problemática.
La diputada María Rosete (Morena) enfatizó que esta reforma fincará un antes y un después en la atención y combate de este delito, pues define el tipo penal y las sanciones, 34 agravantes y establece el cobro de piso como parte de la extorsión. Se manifestó por generar condiciones para castigar esa práctica y recuperar la paz, pues cinco de cada 10 negocios sufren extorsiones, cuyo impacto es de 21 mil millones de pesos.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) afirmó que todos concuerdan en que el delito de extorsión es uno de los más sensibles y debe combatirse, pero estas buenas intenciones deben contemplar recursos suficientes para implementar todos los instrumentos y mecanismos que propone la nueva ley; de lo contrario, será letra muerta.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) aseguró que no se trata de una reforma más, sino una respuesta urgente y estructural. “Hoy, con esta reforma, creamos una política uniforme de investigación y sanción, se establecen medidas operativas concretas, unidades especializadas, protocolos de protección a víctimas, así como una coordinación con la inteligencia financiera.
Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de dictamen se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa.
Previamente, con 21 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones se aprobó la opinión en sentido positivo de esta Comisión al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026
El documento, leído por el presidente Moreno Rivera, señala que el PEF fortalece la impartición y procuración de justicia, lo relativo a reclusión y readaptación social y la garantía de los derechos humanos; asegura el acceso a la justicia y la reparación integral del daño; y genera condiciones institucionales para la atención integral, perspectiva de género y coordinación de los tres órdenes de gobierno
Agregó que el PEF considera las necesidades específicas derivadas del contexto operativo de la composición anterior del Poder Judicial de la Federación con la intención de asegurar la continuidad, calidad y legalidad en la ejecución y ejercicio de las atribuciones conferidas a ese alto tribunal.
El diputado Zavala Gutiérrez expuso que la Fiscalía General de la República presenta un aumento únicamente del 4 por ciento, cuando existe una problemática enorme en procuración de justicia, así como fiscales y ministerios públicos que no están capacitados para detectar, investigar delitos y ser presentados ante un juez.
El diputado Arturo Yáñez Cuellar (PRI) aclaró que votarán en contra ya que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presenta una reducción por más de 13 mil millones de pesos. Señaló que la reforma judicial le ha dado un sesgo totalmente distinto al Estado mexicano; “hay que decirlo, el Poder Judicial va a tener también una reducción drástica”.
A su vez, el diputado Anaya Llamas precisó que el tema de justicia y seguridad en esta opinión no se ve reflejado como un problema que debe solucionarse con mayor presupuesto para capacitar y tener más personal, a fin de dar atención a esta problemática desde el sistema penitenciario hasta defensorías de oficio.
Del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez puntualizó que esta opinión es un proyecto de presupuesto adecuado al Poder Judicial. Asimismo, dijo que el Tribunal Agrario ha estado castigado por mucho tiempo y ahora se le otorgarán 225 millones de pesos lo cual ayudará un poco a descargar el trabajo que tiene.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) respaldó la opinión respecto al presupuesto del Poder Judicial de la Federación, pues en la Comisión de Presupuesto seguramente será revisado minuciosamente. Añadió que no es un trámite más, es una pieza clave para consolidar la reforma judicial, pues, sin presupuesto, un cambio de esa magnitud difícilmente podrá funcionar.
Una vez aprobada, se envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos conducentes.