Durante la comparecencia de la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, las diputadas Lorena Piñón Rivera y Verónica Martínez García señalaron que la capacidad técnica de la Comisión aún no se traduce en un sistema eléctrico confiable ni en una transición energética real.
Como parte de la glosa del primer informe de la Presidencia de la República, ambas legisladoras priistas exigieron una política energética que deje de ser discursiva y comience a honrar los compromisos climáticos y sociales del país.
La diputada Lorena Piñón cuestionó los apagones masivos registrados en septiembre en Quintana Roo, Yucatán y Campeche, que afectaron aeropuertos, vialidades y generaron pérdidas millonarias. “No se trata de incidentes aislados. ¿Cuál es el diagnóstico real de estas fallas recurrentes? ¿Dónde están las inversiones específicas en transmisión y distribución para garantizar confiabilidad en una región clave para el turismo y la economía?”, reclamó.
También exigió claridad sobre la estrategia de la CFE para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones contaminantes. “México no puede seguir postergando su transición energética mientras se privilegian combustibles fósiles”, advirtió.
Frente a la tragedia en el norte de Veracruz —con más de 35 personas fallecidas y miles de damnificados—, Piñón Rivera reconoció la respuesta operativa de la CFE, pero subrayó que la emergencia exige más que restablecer el servicio. Propuso una tarifa especial de emergencia que incluya suministro eléctrico gratuito por seis meses prorrogables, inspecciones técnicas sin costo, condonación de adeudos previos al desastre y una tarifa preferencial del 50 por ciento para pequeños comercios. “La pérdida del patrimonio familiar no puede agravarse con recibos impagables. La CFE debe estar a la altura del momento”, sentenció.
La legisladora también denunció la persistente inequidad en la aplicación de la tarifa 1F, vigente todo el año en Tabasco, mientras Veracruz —que aporta más del 12 por ciento de la energía nacional— queda excluido por criterios técnicos que no reflejan la realidad climática. “¿Por qué Tabasco sí y Veracruz no? ¿Está la CFE dispuesta a corregir esta injusticia tarifaria?”, cuestionó.
Finalmente, expresó su preocupación por la falta de transparencia en torno a la central nucleoeléctrica Laguna Verde. “¿Puede garantizar que la austeridad republicana no está comprometiendo la seguridad de millones de veracruzanos? ¿Cuándo se harán públicos los informes reservados sobre incidentes?”, exigió.
Por su parte, la diputada Verónica Martínez García recordó que desde 2019 se solicitó declarar zona de emergencia económica a la región carbonífera de Coahuila, ante la inestabilidad laboral provocada por la falta de contratos a largo plazo. Si bien reconoció el reciente acuerdo entre la CFE, la Secretaría de Energía, el gobierno de Coahuila y la Unión de Productores de Carbón, advirtió que el rezago de siete años no puede resolverse solo con cifras.
“Se garantiza un precio de 1,500 pesos por tonelada para más de 12 mil millones de toneladas, lo que representa una derrama económica superior a los 18 mil millones de pesos. Pero no olvidemos que esta certidumbre llega tras años de abandono institucional”, señaló. Y subrayó que el beneficio debe extenderse más allá de los productores de carbón, impactando efectivamente en transporte, comercio y servicios, especialmente en un contexto agravado por la crisis de Altos Hornos de México.
Asimismo, la congresista pidió revisar la tarifa eléctrica en el estado, una solicitud que ha planteado desde hace más de siete años ante diversas autoridades de la CFE. “Queremos tarifas más económicas para las familias coahuilenses. Es urgente revisar los parámetros utilizados para el cálculo de tarifas, especialmente en zonas del norte del país donde las temperaturas superan los 40 grados durante tres meses consecutivos, como establece el reglamento”, subrayó.
En particular, solicitó revisar la tarifa aplicada a la Comarca Lagunera, tanto en Coahuila como en Durango, y planteó la posibilidad de ampliar el subsidio de verano, cuya vigencia está por concluir esta semana, a pesar de que las altas temperaturas persisten en gran parte del país. Anunció que presentará una solicitud formal para extender dicho subsidio hasta el 30 de noviembre.
Ambas legisladoras coincidieron en que el desarrollo energético del país no puede estar sujeto a vaivenes políticos ni a decisiones unilaterales. “La CFE debe responder con hechos, no con discursos. La ciudadanía exige resultados, transparencia y equidad”, concluyeron.