El coordinador general de Política y Gobierno del Ejecutivo federal, Arturo Zaldívar, defendió las recientes reformas a la Ley de Amparo, aprobadas por la cámara de Diputados, al asegurar que no restringen los derechos de las personas ni afectan el acceso a la justicia, sino que buscan “hacer del juicio de amparo un instrumento más ágil, moderno y acorde a las necesidades del país”.
Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Zaldívar Lelo de Larrea acusó que existe “una campaña de desinformación” que pretende hacer creer a la opinión pública que las modificaciones son regresivas. “El juicio de amparo ni se limita, ni se acota, ni se busca afectar la defensa de las personas”, afirmó.
El exministro de la Suprema Corte sostuvo que las reformas impulsadas por el gobierno federal modernizan el sistema judicial, al reducir tiempos de tramitación y avanzar hacia la justicia digital, “para abatir costos y hacer más accesible la justicia para los justiciables”.
Zaldívar Lelo de Larrea detalló que una de las finalidades centrales de la reforma es evitar el uso indebido del amparo, especialmente en casos relacionados con el lavado de dinero y los créditos fiscales firmes, en los que, dijo, algunos jueces “habían levantado bloqueos de cuentas de presuntos delincuentes”, lo que dificultaba el combate al crimen organizado.
“Una institución tan noble como el amparo no puede servir para proteger a quienes se dedican a lavar dinero”, advirtió. Según explicó, en los casos de bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF), no procederá la suspensión, salvo que el afectado acredite el origen lícito de sus recursos.
Asimismo, precisó que las personas afectadas por error podrán disponer de un “mínimo vital” para cubrir gastos esenciales como salarios, impuestos o pensiones alimenticias, con el fin de no afectar sus derechos.
El funcionario también defendió las nuevas disposiciones en materia fiscal, que impiden interponer amparos contra créditos firmes, con el propósito de acortar procesos que “han llegado a tardar hasta 20 años” y que, en su opinión, benefician a “grandes deudores y despachos que prolongan los litigios”.
“Queremos que quien debe impuestos los pague, sin afectar su derecho de defensa, pero haciendo los procesos más cortos”, dijo, al considerar que las reformas corrigen abusos históricos.
El funcionario negó que la reforma tenga efectos retroactivos, como denunció la oposición. Aclaró que los juicios en trámite continuarán rigiéndose por la legislación anterior en las etapas ya concluidas, y que solo las etapas futuras se sujetarán a las nuevas disposiciones.
“En materia procesal no hay retroactividad. Todos aquellos derechos adquiridos en los juicios de amparo en trámite son intocables e intocados”, subrayó.
Zaldívar acusó que algunos jueces, magistrados y comentaristas “mienten deliberadamente” al afirmar lo contrario. “Quienes hoy critican esta reforma lo hacen por intereses políticos o económicos, porque defienden a deudores fiscales o son parte del viejo sistema del PRIAN”, denunció.