La presidenta Claudia Sheinbaum y el coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, pidieron este viernes al Congreso de la Unión modificar la minuta de refroma a la Ley de Amparo con el fin de aclarar que la norma no tendrá efectos retroactivos.
En la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, Zaldívar Lelo de Larrea explicó que el artículo primero transitorio aprobado por el Senado “no tiene la suficiente claridad” y generó “un debate innecesario, críticas y preocupaciones legítimas”. Subrayó que la Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes en perjuicio de las personas.
“No estamos de acuerdo con ninguna violación a la Constitución ni con ninguna aplicación retroactiva. Si este precepto no es suficientemente claro, exhortamos respetuosamente a que se aclare para disipar dudas”, señaló el exministro de la SCJN.
Zaldívar planteó a los diputados realizar tres precisiones en el texto:
Reconocer expresamente que la Ley de Amparo es de carácter procesal.
- Establecer que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos que no pueden modificarse.
- Precisar que solo las actuaciones posteriores a la entrada en vigor de la reforma estarán sujetas a las nuevas disposiciones.
El exministro explicó que, al ser una norma procesal, la Ley de Amparo regula juicios y procedimientos, no derechos sustantivos. Por ello, aclaró que suspensiones ya otorgadas o resoluciones previas no se verán afectadas, y que los cambios aplicarán únicamente a fases futuras, como notificaciones electrónicas o plazos más ágiles.
El Senado aprobó la reforma con un transitorio que podría interpretarse como aplicable a juicios en curso, lo que motivó las aclaraciones tanto de Sheinbaum como de Zaldívar. Ahora corresponderá a la Cámara de Diputados decidir si mantiene el texto original o incorpora los ajustes sugeridos.
Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que en su gobierno no se avalarán “actos contrarios a la Constitución” y sostuvo que la intención es dar certeza jurídica y fortalecer la confianza en el sistema judicial.