La reforma a la Ley de Amparo en términos generales deja de ser una norma de protección a los ciudadanos de los abusos de autoridad para darle más poder al Estado manifestó el diputado Emilio Suárez Licona.
Explicó que en varias ocasiones el grupo parlamentario del PRI ha manifestado su preocupación ante esta reforma porque existen algunos puntos que van en contra de la ciudadanía.
Como en el caso de la suspensión provisional, que ahora será aplicado de manera discrecional por parte del juez, lo que deja la posibilidad de que un acto de autoridad haga daño irreparable a un particular.
“Hoy eso ya no va a existir y por el otro lado, también queda a discreción del juez determinar el interés legítimo, y esto nos preocupa porque afectará más a la gente más necesitada que no puede pagar un abogado”, detalló el legislador.
Suárez Licona ejemplifico con el tema de construcción de una obra pública en comunidades indígena, donde con estas modificaciones a la Ley se pueda promover un amparo para evitar se vea afectada la comunidad.
“Hoy va a ser más complicado y eso prácticamente está haciendo nugatorio el derecho de defenderse a estas comunidades, a los más vulnerables. Hay muchos ejemplos, está el Tren Maya, está el tema de las medicinas, hay muchos en general”
Sobre el tema de la retroactividad que estipula un artículo transitorio, el legislador por la CDMX manifestó que provocaría mucho daño a muchos mexicanos que mantiene un litigio y han utilizado la figura del amparo.
“Ya se dio cuenta la presidnta y algunos morenistas de esta parte de la reforma y por ello han lavantado la voz. Nosotros daremos la batalla para evitar que se haga daño a la ciudadanía”, expreso Suárez Licona.
Agregó que lo más importante es decirles a los ciudadanos que sigue el deterioro institucional en el país. Y enumero ejemplos claro de ello, como son un crecimiento de apenas 1 por ciento mientras que el resto del mundo crecerá dos o tres veces más. Tendremos una deuda que nos costará más cara y ahora la Ley de Amparo que esta más del lado de la autoridad que del ciudadano.
Todo esto, señala el legislador, son resultado de decisiones unilaterales que son apoyadas por la mayoría legislativa, pero que afecta más a la gente.
Suarez Licona resaltó “el grupo parlamentario ya preparo 30 reservas, con argumentos, razonamientos jurídicos y sobre todo defendiendo a la gente.
No es posible que, en Morena, con el ánimo de fortalecer al Estado, pasen por encima de los ciudadanos”.
El legislador menciono que en artículo 129, donde hay dos reformas que son preocupantes
“Una es esta que parece que está destinado a que las suspensiones no van a ser viables para delitos financieros, para lavado de dinero. Llama la atención, por ejemplo, en el caso de Hernán Bermúdez, liberaron una orden de aprehensión, pero nunca congelaron las cuentas. Entonces, ¿a qué está jugando el gobierno?, entonces, está este supuesto que tiene como destinatarios los delitos financieros”
El otro tema es sobre impedir promover suspensiones en materia de permisos y concesiones. En este tema señalo el Estado podrá retirar concesiones de servicios y esto perjudica a la gente
“Por ejemplo, quiere retirar una concesión en particular, el perjudicado va a ser el ciudadano, porque ese servicio no se va a poder prestar.
El Estado no tiene dinero, por eso se concesionan los títulos de agua y por eso se concesiona el servicio de agua. Igual en espectro eléctrico. Hay todo lo que es carreteras, agua, radiodifusión. Todo lo que tú te puedas imaginar está metido en esa bolsa en donde quieren fortalecer al Estado contra los ciudadanos”.
Concluyó al reiterar que las decisiones que se han tomado perjudican a la gente porque se frena el desarrollo del país.