Durante la reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con funcionarios del ramo, el diputado federal Emilio Suárez Licona no solo cuestionó el rumbo financiero del país y el deterioro institucional, sino que también reprobó que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sea víctima de señalamientos infundados en clara persecución política desde el poder.
Al posicionar a nombre de la bancada priista, reveló que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reconoció en una entrevista que no contaba con elementos legales para aplicar la extinción de dominio sobre la propiedad de una persona cercana al líder del partido, y por eso, de manera ilegal, optaba por expropiar.
“El gobierno de Morena busca perjudicar a un dirigente nacional que ha alzado la voz para que se aclaren los vínculos de varios de sus integrantes con el crimen organizado”, denunció.
Suárez Licona advirtió que este tipo de acciones —como la expropiación a modo—afectan la labor hacendaria, erosionan la confianza de los inversionistas y condenan al país a un crecimiento raquítico y a una deuda cada vez más costosa.
Por su parte, el diputado Samuel Palma anotó que una forma de atender el régimen republicano es la determinación de poner controles, establecer equilibrio y límites al ejercicio de un poder. Cuando estos desaparecen, enfatizó, estamos francamente en el camino o en el ejercicio de una dictadura.
Lo que sucede en este momento en México, agregó, cuando se avasalla a opositores, cuando se persigue a líderes de otros partidos y muy específicamente en este caso al presidente del PRI, Alejandro Moreno, de forma arbitraria y abusiva, lo que se está mandando es un mensaje de intolerancia hacia la crítica. “Estamos peligrosamente ya en el ejercicio de una dictadura”, concluyó.