Con el argumento de brindar certidumbre a los contribuyentes que perciben ingresos por intereses en el sector financiero, el vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez Hernández, afirmó que el incremento que se propone a la retención anual del ISR en la Ley de Ingresos 2026 es un impuesto oculto y encubierto al ahorro de las personas.
El también integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, abundó que, esta medida reduce el rendimiento neto de instrumentos formales (cuentas, pagarés, fondos de deuda) y penaliza de forma desproporcionada a los ahorradores de bajos y medianos saldos.
“Aunque la SHCP presenta la propuesta como certidumbre frente a una metodología volátil (que habría arrojado 1.8%), el brinco a 0.9% queda por encima del nivel vigente (0.5%) y traslada caja inmediata de liquidez al gobierno, sin mejorar el ingreso real de los hogares ni el ahorro interno” enfatizó.
Además, dijo que para millones que optan por considerar la retención como pago definitivo (art. 135 LISR, con tope de 100 mil pesos), no hay devolución en la anual: el golpe es directo y permanente a los ahorradores.
El Artículo 54 de la Ley sobre el ISR vigente establece que “las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pagos por intereses, deberán retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, como pago provisional”.
Dicha retención, abunda la ley vigente, se enterará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda, y se deberá expedir comprobante fiscal en el que conste el monto del pago de los intereses, así como el impuesto retenido.
“La propuesta de aumentar 80% este impuesto disfrazado de retención representa un sesgo regresivo e incentivo a la informalidad: al recortar rendimientos de productos simples y seguros, empuja a efectivo o esquemas informales, justo lo contrario de la inclusión financiera. Hay que tomar en cuenta que, en 2024, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de México, realizada por el INEGI y la CNBV, reveló que el 76.5% de la población adulta (18 a 70 años) tenía al menos un producto financiero formal (cuenta de ahorro, crédito, seguro o Afore)”, precisó.
De acuerdo a la CNBV se registran 172 millones de cuentas al cierre de marzo de 2024, y aunque no todas generan intereses (por ejemplo, cuentas de nómina y algunas de cheques), la norma aplica a todas las instituciones del sistema financiero que paguen intereses, por lo que son susceptibles de retención.
Téllez Hernández abundó que esto lejos de beneficiar a los ahorradores es un retroceso, una “expropiación silenciosa” del ahorro de millones de mexicanos de ingresos medios y bajos.
“En lugar de generar bienestar, el gobierno traslada la carga de la caja fiscal directamente a los bolsillos de quienes han confiado en el sistema formal, castigando su disciplina y empujándolos a la informalidad. La medida es una traición a la confianza y es un retroceso a la inclusión financiera, literalmente el gobierno le mete la mano a los ahorros e inversiones de millones de mexicanos”, concluyó.