El exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez y tres de sus colaboradores comparecieron, el miércoles 10 de septiembre, en una audiencia penal para recibir una imputación en un segundo proceso judicial en su contra por “desvío de recursos públicos en agravio de la sociedad y del patrimonio del Gobierno del estado de Colima”.
Además del exmandatario, fueron citados a las salas de juicio oral de lo penal del Poder Judicial del Estado Arnoldo Ochoa González, exsecretario general de Gobierno; Carlos Arturo Noriega García, exsecretario de Finanzas; y Ricardo Irad Ursúa Moctezuma, exdirector general de la Unidad Estatal de Protección Civil del estado.
El pasado 25 de junio, los cuatro exservidores públicos priistas ya habían comparecido en calidad de probables indiciados por los delitos de Peculado y Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, de acuerdo con las imputaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Aunque no informó los casos específicos en los que se sustentan las acusaciones, la fiscalía anticorrupción refrendó a través de un comunicado, emitido el 10 de septiembre, su “compromiso con la legalidad, la transparencia y el combate frontal a la corrupción, sin distinción de cargos o afiliaciones políticas”.
Antes de ingresar a la audiencia, el exgobernador José Ignacio Peralta declaró ante medios locales que desconocía el asunto por el que fue llamado a comparecer, pero “mientras a mí me citen, yo aquí voy a estar… son requerimientos de la autoridad que hay que atender y aquí venimos a ver de qué trata el tema”.
Cuestionado si le preocupa la situación, dijo que “es un tema que hay que atender jurídicamente, no es un tema de preocupación, sino de atención”.
En relación con los señalamientos públicos que hubo al final de su sexenio, en el sentido de un presunto desfalco que impidió el pago de las últimas quincenas a los burócratas estatales, Peralta Sánchez indicó:
“Todo lo que tenga que ver con el tema político es otra cancha, éste es un asunto jurídico donde se toman definiciones con base en pruebas, en argumentos, en lo que establece la ley, no en dimes y diretes, esa es una cosa muy diferente”.
Reiteró que atenderá todos los citatorios que le envíen las autoridades y que su postura será enfrentar el caso jurídicamente, pues “estamos en absoluta y plena disposición de cumplir con lo que la ley obliga”.