La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, propone añadir la fracción IX al artículo 2 para reconocer como materia de salubridad general, el mantenimiento del estado homeostático de las personas durante el mayor tiempo posible a través de la promoción de hábitos y estilos de vida saludables.
También plantea agregar la fracción V al artículo 133 para que corresponda a la Secretaría de Salud contribuir a la adopción de hábitos alimenticios y estilos de vida saludables por parte de la población.
En el artículo 159 plantea cambios para que el ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades no transmisibles y sindemias incluya estrategias y programas para la detección temprana de sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios en población en edad escolar y las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población.
En su exposición de motivos, la diputada González Franco menciona que de acuerdo con el artículo 4º de la Constitución Política toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que es obligación del Estado garantizar el acceso a una vida saludable.
Subraya que este derecho se puede respetar y ejercer a través de la prevención, el tratamiento y la atención a las condiciones físicas, mentales, sociales y ambientales en las que vive una persona.
Explica que las enfermedades crónicas que padece la población son impuestas por un estilo de vida que responde a las condiciones económicas y sociales en las que se ve inmerso, como el sedentarismo que ocasiona un aumento en las posibilidades de padecer enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles.
En ese sentido, señala que las tres enfermedades que más presión generan sobre el IMSS son diabetes, hipertensión e insuficiencia renal. Todas ellas están relacionadas con un bajo consumo de agua potable y alta ingesta de alimentos chatarra.
El costo que representaron estas enfermedades para el Sistema de Salud Pública en 2023 fue de 94 mil millones de pesos, para atender a solo 6 millones de derechohabientes, por lo que se debe trabajar en la prevención, refiere.
Considera que invertir en prevención de enfermedades ofrece ahorro fiscal y liberación del gasto fijo, mejora en el aprovechamiento escolar y la productividad laboral, reduce desigualdades regionales y genera sostenibilidad a largo plazo para el estado de bienestar.
Por lo anterior, la iniciativa busca complementar la garantía al derecho de acceso a la salud con un enfoque preventivo que además de liberar recursos que se invierten en atención y tratamientos, generando ahorro fiscal, provoque la existencia de una población más sana, productiva y la mejor distribución del gasto público.