Por Claudia Bolaños
El enfrentamiento entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno Cárdenas no surgió de la nada. Llevaban semanas cruzando acusaciones y descalificaciones en tribuna y en redes sociales, como si se tratara de una crónica anunciada. El Senado solo fue el escenario en el que el intercambio verbal escaló a la agresión física.
En este choque hay dos estilos que conviene observar. Por un lado, Fernández Noroña, conocido por su tono desafiante y su capacidad para provocar, suele capitalizar el conflicto como plataforma política. Sin embargo, en
esta ocasión, al verse rebasado por la fuerza y el ímpetu de su contrincante, optó por trasladar la disputa al terreno legal y presentar denuncias. Es un giro llamativo: el agitador de siempre, ahora convertido en denunciante institucional.
Del otro lado está Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, un político con más años de experiencia en la operación partidista que en la construcción de consensos. Su reacción fue más impulsiva y agresiva, golpeando no solo a su rival directo sino también a un camarógrafo que intentó interceder. Este desbordamiento habla de un político atrapado entre la necesidad de mostrarse fuerte ante su militancia y la incapacidad de contenerse en un contexto de presión pública.
Hay quien diría que el más débil ahora es el hábil en la confrontación: Noroña. Él supo cambiar de táctica: pasó del escenario del zafarrancho al de la denuncia formal, victimizándose, pero al parecer los empujones no le darán para desaforar a su contrincante. En contraste, Moreno se quedó en el papel de agresor, lo cual erosiona la imagen de un dirigente que pretende proyectar control y liderazgo.
El episodio, sin embargo, no es excepcional ni exclusivo de México. Parlamentos en Europa, Asia y América Latina han sido escenario de golpes, empujones y hasta sillazos. La política bronca es un espectáculo que se repite allí donde la confrontación sustituye al debate. La diferencia está en las consecuencias: en algunos países los legisladores terminan sancionados, mientras que en México estas escenas se han normalizado y rara vez hay castigos efectivos.
Lo ocurrido no solo exhibe la tensión entre dos personajes con estilos personalistas y pendencieros, sino también la falta de una cultura parlamentaria que premie la deliberación sobre la provocación. Mientras la violencia siga siendo tolerada o incluso celebrada como muestra de “fuerza”, veremos más episodios de este tipo, donde lo que se pierde no son solo las formas políticas, sino la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
Ahora bien, la política bronca no es el único síntoma de un deterioro más profundo. También está en juego la forma en que se conciben las instituciones y las reformas de gran calado, como la electoral.
Y Sepa La Bola pero cuando se habla de autonomía en el contexto de la reforma electoral, conviene detenernos a observar de qué estamos hablando. La comisión encargada de impulsarla está integrada únicamente por servidores públicos: la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, el director de la Agencia Digital y otras instancias similares. Es presidida y coordinada por Pablo Gómez, quien convoca con toda formalidad, pero no deja de ser una comisión creada desde el gobierno y para el gobierno.
Aquí aparece la primera contradicción: ¿cómo hablar de autonomía en una comisión presidencial que responde a una mayoría absoluta en las dos cámaras y a una presidenta que ya ha manifestado su respaldo abierto al proyecto? Sí, se reconocen cambios legales necesarios para fortalecer la democracia, pero no se incorporan las voces de la oposición ni se integran las minorías.
Vale la pena enfatizar lo que dicen los especialistas.que, tras el fraude electoral de 1988, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas encabezando el Frente Democrático Nacional, todas las reformas electorales posteriores nacieron de problemas reales surgidos en los procesos electorales, y producto de pactos políticos y se construyeron con consensos amplios.
Hoy sucede lo contrario. La propuesta nace desde el gobierno, no desde la oposición, y carece del consenso que históricamente dio legitimidad a las reformas electorales en México. Esa es, quizá, la mayor debilidad de este nuevo intento: se habla de democracia, pero se olvida que ésta se construye con acuerdos, no con imposiciones.
Así, mientras en el Congreso la política se degrada en pleitos físicos y denuncias mediáticas, en el terreno institucional se diseñan reformas de manera unilateral. Ambos fenómenos tienen un costo común: erosionan la confianza ciudadana. Y sin confianza, la política —bronca o institucional— pierde su verdadero sentido.