La diputada Ana Isabel González (PRI) impulsa una iniciativa de reforma al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para que sea obligación de las personas empleadoras promover incentivos fiscales para las empresas que contraten personas con discapacidad y neurodivergentes, fomentando su inclusión e igualdad de oportunidades.
Asimismo, al artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que se otorgue un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del Impuesto Sobre la Renta que empleen a personas con discapacidad y neurodivergentes.
El estímulo fiscal consistiría en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas con discapacidad y neurodivergentes.
La propuesta, turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, añade que el estímulo fiscal sería aplicable siempre que los contribuyentes obtengan el certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de los citados trabajadores.
En su exposición de motivos, el diputado menciona que el 2 de abril de cada año se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, para promover el respeto pleno de los derechos humanos y las libertades de las personas con el compromiso para que los países promuevan acciones y políticas públicas que fomenten la inclusión, la equidad y sociedades sostenibles que mejoren su calidad y bienestar social.
Explica que el autismo es una afección neurológica que se manifiesta en la primera infancia, se caracteriza por la interacción social y dificultades en situaciones comunicativas comunes, especial interés por ciertos temas y modos de aprendizaje atípicos y particularidades en el procesamiento de la información sensorial.
Señala que en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha exhortado a los países que forman parte de este convenio, a no dejar a nadie atrás, el cual representa un avance significativo para reducir las desigualdades mediante la inclusión social de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad.
Sin embargo, existen barreras para las personas con autismo ya que siguen viviendo aisladas y discriminadas en instituciones o incluso en su propio hogar, lo que representa un reto esencial del gobierno mexicano para crear acciones que mejoren su situación.
Considera que el Estado mexicano debe promover acciones para que las empresas cuenten con los incentivos fiscales y puedan contratar personas con trastorno del espectro autista, a fin de consolidar un México más inclusivo y equitativo.
Subraya que la iniciativa contribuirá con acciones afirmativas que promuevan su inclusión e igualdad de oportunidades.