La diputada federal Socorro Jasso Nieto presentó un exhorto ante la Comisión Permanente para que el Gobierno Federal, la Fiscalía General de la República y los gobiernos de los estados, atiendan con firmeza la violencia sexual que afecta de manera desproporcionada a mujeres y jóvenes indígenas en México.
En su exposición de motivos, la legisladora argumentó que estos grupos enfrentan una vulnerabilidad histórica derivada de la pobreza, la marginación y la discriminación, condiciones que son aprovechadas por tratantes y, en muchos casos, por la delincuencia organizada para someterlas a explotación sexual, servidumbre doméstica, matrimonios forzados, explotación laboral y actividades ilícitas.
Precisó que de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las mujeres y niñas indígenas son las principales víctimas de la trata en el país, especialmente bajo la modalidad de explotación sexual. Detalló que entre 2020 y 2022, las denuncias por este delito aumentaron 37 por ciento lo que refleja la urgencia de reforzar las políticas públicas y los mecanismos de protección.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la UNODC lanzó la campaña “Agentes de Cambio: saberes y resistencias frente a la trata”, en coordinación con las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, con apoyo del Gobierno de Canadá y la Secretaría de Gobernación. Esta estrategia aborda directamente problemáticas como la explotación sexual, el matrimonio infantil, la adopción ilegal y la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades ilícitas.
En su Punto de Acuerdo, la congresista del PRI advirtió que los delitos denunciados, donde incluso se han documentado casos de violencia sexual cometida por integrantes del crimen organizado y difundida en materiales ilícitos, constituyen violaciones graves a los derechos humanos y al marco jurídico nacional, como lo establece la Constitución y el Código Penal Federal.
“El Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. La omisión en investigar estos casos envía un mensaje de permisividad frente a grupos criminales que utilizan la violencia sexual como mecanismo de control social y económico”, señaló.
Por lo anterior, la diputada Socorro Jasso sostuvo que resulta urgente reforzar las políticas públicas, los mecanismos de prevención y las acciones coordinadas entre autoridades, organismos internacionales y sociedad civil para erradicar la explotación sexual y todas las formas de trata que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y jóvenes indígenas de nuestro país.
Para ello, propuso que el Gobierno Federal atienda con prioridad la inseguridad que afecta a diversos estados, garantizando a las mujeres indígenas el derecho a una vida libre de violencia.
A la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales, planteó realizar investigaciones exhaustivas con perspectiva de género y cultural, que permitan sancionar con contundencia estos delitos.
Y finalmente a los gobiernos estatales que refuercen acciones de prevención, protección y atención integral a las víctimas, con coordinación interinstitucional, organismos internacionales y sociedad civil.
La representante del PRI subrayó que la violencia sexual y la trata de mujeres indígenas no solo lesionan la integridad de las víctimas, sino que atentan contra el tejido social y los derechos humanos, por lo que se requiere una acción inmediata, coordinada y efectiva por parte de todas las autoridades competentes.