La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha generado controversia tras sus declaraciones sobre la muerte de Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada y taxista de 62 años, secuestrada el 18 de julio en Álamo Temapache.
Según Nahle, la causa del fallecimiento confirmada por peritos forenses fue un infarto provocado por la violencia ejercida durante su cautiverio.
“¿Qué dije? Es de miserables a una familia enlutada, porque hay una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo. Pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley, aquí está. La maestra fue violentada. Eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no.
“Yo tengo que informar y yo me asumo como lo que soy: yo soy la gobernadora de Veracruz y la responsable del Estado. Y voy a dar cara siempre. Siempre voy a dar cara. En los hechos buenos, en los hechos malos y todos los días trabajamos”, dijo la gobernadora este lunes en conferencia de prensa.
Nahle confrontó a los medios de comunicación en la rueda de prensa y los acusó de hacer un “escándalo” del crimen.
En la conferencia también dio su versión el médico forense de la Fiscalía Regional de Tuxpan, José Eduardo Márquez Nava: “Yo soy el que recibió el cuerpo, como parte del protocolo de necropsia, nuestra función es hacer un análisis externo e interno. Con los datos que obtuvimos en el análisis externo, pudimos revisar múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y en el análisis interno pudimos observar que en la apertura de las cavidades, las lesiones y alteraciones se centraban en el corazón”, detalló.
El viernes pasado, Nahle declaró que la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz falleció a consecuencia de un infarto.
El cuerpo de Hernández fue hallado el 24 de julio en una construcción rústica, tras un operativo del Ejército Mexicano que también localizó armas y vehículos en el lugar.
En entrevistas con medios locales, Nahle explicó que la víctima fue sometida a agresiones físicas que desencadenaron el infarto, según el reporte forense.
Sin embargo, sus declaraciones fueron criticadas por sectores de la sociedad y en redes sociales, donde se le acusa de minimizar la gravedad del crimen al enfatizar el infarto como causa de muerte, en lugar de destacar la violencia extrema ejercida por los captores.
Un video difundido en redes, en el que Hernández aparece rodeada por hombres armados y obligada a advertir a otros taxistas sobre el pago de extorsiones, intensificó la indignación pública.
La gobernadora ha insistido en que no habrá impunidad en el caso, subrayando que su administración no tiene pactos con grupos criminales y que colabora con la Fiscalía General del Estado (FGE) y autoridades federales para esclarecer los hechos.
Hasta el momento, tres personas han sido detenidas, identificadas como Víctor Manuel “N”, José Eduardo “N” y Jeana Paola “N”, presuntos miembros del grupo delictivo “Grupo Sombra”, vinculado a la Mafia Veracruzana. Nahle también mencionó la posible implicación de una cuarta persona en el crimen.
El caso de Irma Hernández ha puesto en evidencia la crisis de inseguridad en Veracruz, donde la extorsión y los secuestros son un problema recurrente.
La gobernadora ha prometido reforzar las medidas de seguridad en el estado, trabajando en conjunto con el gabinete de seguridad federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, las críticas persisten, con algunos señalando que las declaraciones de Nahle reflejan una falta de sensibilidad ante el impacto del crimen organizado en la vida de los ciudadanos.
La difusión del video de Hernández, en el que se le ve sometida y forzada a enviar un mensaje intimidatorio, ha generado una ola de indignación y miedo entre los trabajadores del transporte en Veracruz. Organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil han exigido justicia y medidas efectivas para combatir la extorsión, que en municipios como Álamo Temapache se ha convertido en una amenaza constante.
El caso también ha reavivado el debate sobre la impunidad, con un 98.9% de los asesinatos violentos en el estado quedando sin resolver.
Nahle ha respondido a las críticas acusando a ciertos medios y generadores de opinión de exagerar el caso para crear un “escándalo”.