La salida de Iberdrola de México, una de las empresas más grandes del mundo, que genera empleos y es líder en energías renovables por la falta de certidumbre económica y jurídica, agrava la crisis de confianza en nuestro país, generada por la política errática de la autoproclamada cuarta transformación, afirmó el vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez Hernández.
“Muy preocupante la decisión de Iberdrola de retirar su inversión en México y poner a la venta sus 15 plantas de energía renovable, con un valor estimado de cuatro mil millones de euros. Esta decisión, motivada por la falta de certidumbre económica y jurídica, es un golpe devastador para la economía nacional y una prueba irrefutable del fracaso de las políticas energéticas del gobierno de la #4T”, explicó.
Abundó que la decisión de Iberdrola de abandonar México, reportada en publicaciones recientes, responde al clima de inestabilidad jurídica y fiscal generado por el gobierno. Además, de la incertidumbre derivada de la reforma judicial propuesta por la 4T, que amenaza con debilitar la independencia del Poder Judicial señalada como un factor clave en la decisión de la empresa, para vender sus activos antes de la entrada en vigor de los nuevos tribunales en septiembre de 2025.
“Este entorno hostil no solo ahuyenta a inversionistas extranjeros, sino que compromete el desarrollo de un sector energético competitivo y sostenible. La venta de las 15 plantas de Iberdrola, ubicadas en estados como Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato, Sonora y San Luis Potosí, podría representar una pérdida de dos mil 600 megavatios de capacidad renovable, empleos directos e indirectos, y un retroceso en la transición energética”, dijo.
Esto, abundó, contrasta con las promesas del gobierno de alcanzar un 45% de energía renovable para 2030, y evidencia una política energética incoherente y retrógrada.
El gobierno de la 4T ha demostrado un patrón de hostigamiento hacia empresas energéticas privadas, como lo evidencia el trato a Iberdrola durante el sexenio de López Obrador, quien llegó a comparar a la empresa con los conquistadores españoles.
“La nacionalización de facto de 13 plantas de Iberdrola en 2023 por seis mil 200 millones de dólares, calificada por el ex presidente como una nueva nacionalización, no resolvió los problemas del sector eléctrico, sino que fortaleció el control monopólico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta acción, sumada a multas arbitrarias y cambios regulatorios impredecibles, ha generado un ambiente de incertidumbre que ahora culmina en la retirada total de Iberdrola”, sostuvo.
Téllez Hernández expresó que contrario a hostigar y ahuyentar la inversión privada en el sector energético nacional, el gobierno debe fomentar asociaciones público-privadas para impulsar la producción de energías renovables; y diseñar una estrategia realista para alcanzar los objetivos de la transición a energías limpias.
Además, de garantizar que los empleos generados no se pierdan y que las comunidades afectadas reciban apoyo económico inmediato e investigar el impacto de las políticas de la 4T en la salida de inversión extranjera y el deterioro del sector eléctrico.
“La salida de Iberdrola es una advertencia clara: México no puede permitirse seguir perdiendo inversión extranjera ni retrocediendo en la transición energética. Los apagones del bienestar son una amenaza real si el gobierno insiste en políticas populistas que privilegian el control estatal sobre la competitividad y la sostenibilidad”, concluyó.