La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), alertó sobre nuevas formas de censura a través de acciones judiciales y legislativa en nuestro país.
Esta organización internacional, dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión, destacó que en semanas recientes en México se han registrado varios casos que configuran una preocupante tendencia y generan alarma ante el resurgimiento de mecanismos de censura, materializados en decisiones judiciales que vulneran la libertad de expresión, iniciativas legislativas regresivas y presiones administrativas contra medios de comunicación independientes.
Tal es el caso de Campeche, donde un tribunal local impuso una orden judicial sin precedentes al periodista Jorge Luis González Valdez, prohibiéndole referirse a la gobernadora Layda Sansores.
Se recordó que la medida obliga al medio Tribuna Campeche a someter todo su contenido a revisión previa de un interventor judicial, constituyendo un claro caso de censura previa, proscrita por estándares internacionales y la Constitución mexicana, y pese a que un tribunal federal ya había declarado inconstitucional una sanción anterior contra el mismo periodista.
Se habló sobre el caso en Puebla y su reforma al artículo 167 del Código Penal de la entidad para ampliar el delito de “ciberacoso” e introduce un nuevo supuesto de “violencia digital” que castiga con prisión a quien “realice publicaciones que afecten la dignidad” de una persona.
Sobre este asunto, la SIP advirtió que su redacción ambigua y amplia de la norma puede utilizarse para perseguir a periodistas, activistas o usuarios de redes sociales que critiquen a funcionarios públicos, lo que representa una forma de censura legal anticipada.
Del mismo modo se alertó sobre las recientes peticiones que ha hecho el Instituto Nacional Electoral (INE) al medio digital La Silla Rota para que entregue documentos, videos y fuentes vinculadas a una investigación sobre presunta entrega de “acordeones” en la elección judicial del 1 de junio.
Lo anterior bajo la amenaza de una multa de hasta 11 millones de pesos en caso de incumplimiento, lo que a decir de esta organización, «representa una forma de presión institucional e intimidación indirecta al ejercicio periodístico.
Asimismo, se advirtió sobre las resoluciones que ha tenido el Tribunal Electoral de Tamaulipas, en las cuales ordenó al periodista Héctor de Mauleón y a El Universal a retirar una columna crítica, con base en una demanda promovida por una candidata a magistrada local.