El arancel del 17% anunciado por el gobierno estadounidense al tomate mexicano representará un impacto económico que se traducirá en pérdidas millonarias a los productores mexicanos, desajuste en la cadena productiva y pérdida de empleos, por lo que el gobierno de México, más allá de calificarla como una decisión “injusta” debe implementar medidas compensatorias, afirmó el vicecoordinador económico del GPPAN, Héctor Saúl Téllez Hernández.
“Exigimos la creación de un sistema nacional que monitoree los efectos del arancel en las exportaciones, empleo y economía local, con informes periódicos y transparencia en la información y solicitar la evaluación continua de las políticas implementadas para mitigar los efectos del arancel, asegurando su eficacia y eficiencia”, abundó el diputado panista.
Recordó que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica. notificó oficialmente que aplicará el arancel debido a acusaciones de prácticas comerciales injustas por parte de los productores mexicanos, quienes supuestamente venden sus productos a precios «injustos», lo que afecta a los productores estadounidenses. El arancel final se establecerá en 17%, a pesar de la advertencia inicial de un 20.91%.
“México es, con amplia diferencia, el principal proveedor de tomate fresco para Estados Unidos. En 2024, el volumen de jitomate mexicano exportado al país vecino fue de 1.53 millones de toneladas, lo que representó entre el 85 % y 90 % del total de importaciones estadounidenses de este producto, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)”, explicó.
Téllez Hernández puntualizó que el valor comercial de estas exportaciones fue de aproximadamente tres mil 200 millones de dólares, consolidando al tomate como el segundo producto hortícola de mayor valor exportado por México, solo detrás del aguacate. Cada año, el comercio bilateral de jitomate genera alrededor de ocho mil 300 millones de dólares en valor económico, según estimaciones de la U.S. Chamber of Commerce.
“Esta actividad sostiene más de 50 mil empleos directos e indirectos, distribuidos entre productores, empacadores, transportistas y distribuidores tanto en México como en Estados Unidos. El 90% de los tomates importados por EE. UU. provienen de México, según datos del gobierno mexicano. La producción exportable de jitomate se concentra en estados como Sinaloa, Baja California, Jalisco y San Luis Potosí, donde se ha desarrollado una agricultura tecnificada orientada al mercado internacional”, expuso.
Por ello, el también secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública mencionó que el arancel al tomate mexicano generará pérdidas millonarias, desajustes en la cadena productiva, desaceleración económica y pérdida de empleos, por lo que, no es suficiente con declarar que es una medida “injusta”.
“El gobierno mexicano debe exigir la activación de mecanismos diplomáticos disponibles para negociar con Estados Unidos la suspensión o reducción del arancel, basándose en el impacto económico y social que genera en México y proponer la intervención de organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) para mediar en el conflicto y garantizar el cumplimiento de las normas comerciales internacionales”, dijo.
Además, el legislador consideró necesario fomentar acuerdos con otros países, buscar nuevos mercados para la exportación del tomate mexicano y de esa forma reducir la dependencia del mercado estadounidense, así como fomentar la internalización de empresas.
“El gobierno debe implementar programas de apoyo a los productores y exportadores mexicanos para facilitar su entrada en mercados internacionales, incluyendo asistencia técnica y financiera; así como impulsar políticas que promuevan el desarrollo y fortalecimiento de la industria agrícola nacional, garantizando su competitividad en el mercado global”, concluyó.