Por Víctor Barrera
Ayer llegó a la cámara de diputados la iniciativa de reforma constitucional que se refiere al tema de la extorsión. Un delito, con muchas aristas que impactan de manera negativa no solo al crecimiento económico del país, sino a la movilidad social de la gente.
Mientras que en el país no exista la garantía de una seguridad pública y en Estado de Derecho, las inversiones privadas no entraran en grandes cantidades y esto seguirá provocando que no se puedan crear los empleos formales dentro de México y un incremento en el número de pobres en el país y por supuesto una insuficiente cantidad de recursos públicos a los problemas persistentes en México
Esta iniciativa que tiene que ser ya distribuida entre todos los diputados federales, para que tengan el tiempo suficiente para leerla, analizarla y proponer, si es el caso, modificaciones a la misma para hacer que la iniciativa no solo sea un propósito de buenas intenciones si no que se pueda crear la estructura suficiente para erradicar el delito de extorsión y sus derivados lo antes posible.
Es cierto que se momificó la Ley de Seguridad Nacional, donde se aprueba que la Guardia Nacional se incorpore al ejército y se originen cuerpos de seguridad, formados y capacitados, bajo la disciplina militar, algo que no es necesariamente lo que se esperaba. Porque la disciplina militar se basa principalmente en obedecer órdenes sin titubear u modificarlas las ordenes, esto lamentablemente lleva a la violación de algunos derechos fundamentales de la población.
Nadie puede negar que el ejército, tiene aún aceptación y reconocimiento de la población, pero cuando el ejército se ve involucrado en casos como los de Ayotzinapa, o se muestra poco combativo ante los grupos criminales, su aceptación disminuye. También cuando las maniobras militares van en contra de los derechos y libertades de la gente, el terror al ejército se incrementa. A esto agregamos otra característica que es cuando el ejército se establece en acciones de seguridad en los municipios. esto es casi sinónimo de enfrentamiento armado con los grupos criminales, dejando a la población entre el fuego y la incertidumbre de salir a la calle por miedo de ser alcanzado por una bala.
Entonces esa medida de militarizar la seguridad publica resulta más negativa que positiva. Lo que se esperaba en esta modificación legal, era que se crearan más grupos de cuerpos policiacos, capacitados y con formación de respeto a los Derechos humanos, que por su cercanía a la gente recuperaran la aceptación de la misma.
Además, significa en muchas de las veces que los cuerpos policiacos reciban menos recursos para establecer el orden y la paz en los municipios y estados, sin enfrentamientos directos sino con la certeza de que estos cuerpos policiacos estarían formados con valores de lealtad y honradez.
Lo que significaría un salario que corresponda a las actividades de las mismas policías para evitar que sean cooptados por los recursos del crimen organizado.
Pero la obsesión de centralizar la vigilancia de tener el control de todo y de decidir desde el centro del país las estrategias de seguridad pública, solo nos deja mayor incertidumbre de la seguridad sino de la forma en la cual actuara la Guardia Nacional.
Si con esta estrategia de seguridad se quiere combatir la extorsión el resultado es que no se avanzará en la erradicación de este mal. Primero porque lamentablemente durante seis años se permitió que los grupos criminales aumentaran su presencia y poder en una parte importante del territorio nacional, lo que para muchos pobladores representó un cambio total de sus vidas. Derivado de que los grupos criminales ofrecen protección a cambio de pagos, y quien no pague sufre las consecuencias de ello.
Segundo, porque esto ampliara aún más el problema de gobernanza en el país, donde las autoridades de los tres órdenes de gobierno, no se hacen responsables directos de los resultados negativos de la estrategia y se avientan la culpa unos a otros, mientras que la población es rehén de delitos y queda en medio de los enfrentamientos armados, ente los grupos criminales o entre los grupos criminales y las fuerzas de seguridad. Esto significa pasos atrás en el tema de seguridad en el país.
No es montando supuestas destrucciones de laboratorios clandestinos de drogas, o presentando grandes cantidades de ellas decomisadas por las fuerzas armadas como se detendrá el delito de la extorsión, sino con una verdadera estrategia de aproximación de las autoridades con la población, a través de una coordinación real entre los tres órdenes de gobierno.
Debemos dejar de pensar que un solo hombre o mujer puede enfrentar a los criminales, dando órdenes desde el centro, porque es iluso. Lo que se debe hacer es ordenar la otra parte del Poder Judicial, donde la corrupción a un está presente, como son las policías de investigación, o los ministerios públicos o las mismas fiscalías que no logran armar expedientes concretos para enjuiciar y sancionar conforme a las leyes a quienes cometa delitos dentro del país.
De no hacerlo, los delincuentes seguirán encontrando en la extorsión la mejor herramienta de control, administración y hasta de enjuiciamiento hacia la gente. El temor y la incertidumbre seguirá presente en la población que evitará denunciar actos delictivos para no sufrir represalias que podrían llegar hasta el homicidio doloso.
El control total en un solo poder no es la solución, la coordinación entre varios órdenes de gobierno si lo es, pero eso se da únicamente con voluntad política y no con ideología.
La garantía de una vida en paz con dignidad es del Estado, pero no se podrá cumplir si el Estado solo quiere control de la gente, para vigilarlos y no para solucionar los problemas.