Bajo el argumento de cumplir con el compromiso eficientizar el gasto público, la simplificación administrativa y la transparencia del uso de recursos públicos, el gobierno federal propone recorte al presupuesto 2026 que impactará negativamente al desarrollo y la democracia en nuestro país, afirmó el vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez Hernández.
Al realizar un análisis de los cambios en la Estructuración Programática 2026, el legislador destacó que en comparación con el 2025, se contempla un total de 546 programas presupuestales, lo que representa una reducción de 347 programas equivalente al 38.9 por ciento. La principal afectación se observa en los sectores de infraestructura y salud; y por el contrario se privilegian otros sectores como el militar.
“La drástica reducción de programas presupuestarios no es solo una medida de austeridad, sino un profundo retroceso en el desarrollo económico, en la inversión física y en la atención médica en el país. Esta reestructuración no garantiza crecimiento económico, ni empleo y no mejora las condiciones de salud, privilegiando en cambio sectores de interés político y militar, lo que debilita el enfoque de derechos y la transversalidad al desaparecer programas esenciales para grupos prioritarios y poblaciones en desventaja”, aseveró.
Agregó que se observa una preocupante disminución de la capacidad técnica del Estado en áreas tan sensibles como la salud, el sector energético, el desarrollo de infraestructura y el combate a la corrupción.
En el caso de infraestructura, comunicación y transportes, en 2025 se operaron 43 programas, en la propuesta 2026, se reduce a 17, lo que representa una disminución del 60.5%; destaca el recorte en las empresas públicas del Estado, donde PEMEX pasa de 22 a 12 programas, que equivale a 45,5% menos, y CFE que pasa de 27 a 16 equivalente a 40.7% menos; mientras que en el sector salud, el ISSSTE pasa de 29 a 17 programas, lo que representa una disminución del 41.4%; y el IMSS pasa de 20 a 16, equivalente a un 20 por ciento menos.
“Este ajuste representa una exclusión social estructural, impactando directamente a poblaciones vulnerables como mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas, rurales y urbanas marginadas, al debilitar las políticas públicas que buscan atender sus necesidades”, sentenció.
Por otra parte, Téllez Hernández sostuvo que, se advierte un sesgo militarizado en la protección de programas (Defensa y Marina), mientras que ramos civiles como Salud, Medio Ambiente y Anticorrupción pierden recursos estratégicos.
Ejemplificó que el Ramo 07 Defensa Nacional pierde 3 programas que representan (-7.9%); Ramo 11 Educación Pública pierde 6 programas que representan (-15.4%); Ramo 13 Marina pierde 5 programas que representan (-15.6%); Ramo 06 Hacienda y Crédito Público pierde 10 programas que representan (-17.5%) y el Ramo 10 – Economía: pierde 7 programas que representan (-25.9%).
En Ramos Autónomos, se identifica un descenso agregado del 24.7%. Esta variación se explica como parte del proceso de reforma Constitucional que mandató la extinción de los órganos autónomos, entre los que se encuentran la COFECE, el IFT y el INAI, entre otros.
Téllez Hernández afirmó que La caída de la inversión pública también afecta la generación de empleo formal y de calidad. Cada punto del PIB invertido en infraestructura genera entre 150 mil y 200 mil empleos directos e indirectos, según estimaciones de la OCDE.
“Esta potencialidad se perderá con la nueva estructura. El gasto público es una palanca con un efecto multiplicador para generar riqueza en el país. La drástica reducción de programas presupuestarios no es solo una medida de austeridad, sino un profundo retroceso en el desarrollo del país”, concluyó.