Leavenworth, Kansas, ocupa un espacio mítico en la historia del crimen estadounidense, su nombre por sí solo evoca una abreviatura sobre cumplir condenas duras. El penal federal albergó a gangsters como Al Capone y Machine Gun Kelly, en un edificio tan legendario que inspiró el término “la casa grande” para las cárceles.
Ahora, la ciudad más antigua de Kansas podría albergar pronto a detenidos mucho menos famosos, migrantes atrapados en la promesa del presidente Donald Trump de deportaciones masivas para aquellos que viven ilegalmente en Estados Unidos.
El gobierno federal ha firmado un acuerdo con la empresa privada de prisiones CoreCivic Corp. para reabrir una prisión de mil 33 camas en Leavenworth como parte de un aumento de contratos que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha emitido sin abrir el proceso a ofertas competidoras.
El ICE ha citado una «urgencia apremiante» para conseguir miles de camas de detención adicionales, y sus gestiones han hecho que las estimaciones de ganancias se disparen para empresas privadas con conexiones políticas, incluida CoreCivic, con sede en el área de Nashville, Tennessee, y otra gran empresa, The Geo Group Inc., con sede en el sur de Florida.
Ese impulso enfrenta resistencia. La localidad de Leavenworth demandó a CoreCivic después de que intentó reabrir sin que los funcionarios de la ciudad aprobaran el acuerdo, citando una descripción pasada de una juez federal sobre la prisión ahora cerrada, en la que la llamaba «un infierno». El caso en Leavenworth es una prueba más a los límites de las tácticas inusualmente agresivas del presidente republicano para obligar a deportar a migrantes.
Con el fin de obtener más camas para detenidos, el gobierno de Trump ha modificado docenas de acuerdos existentes con contratistas y ha utilizado contratos sin licitación. Uno paga 73 millones de dólares a una empresa dirigida por exfuncionarios federales de inmigración para «equipos de apoyo al cumplimiento de la ley de inmigración» en el manejo de tareas administrativas, tales como ayudar a coordinar las expulsiones, clasificar quejas o informar al ICE si alguien representa un riesgo para la seguridad de la comunidad.
La semana pasada, Geo Group anunció que el ICE modificó un contrato para un centro de detención existente en el sureste de Georgia, de forma que la empresa pudiera reabrir una prisión inactiva en terrenos adyacentes para albergar a mil 868 migrantes y ganar 66 millones de dólares en ingresos anuales.
«Nunca en nuestros 42 años de historia de la empresa hemos tenido tanta actividad y demanda de nuestros servicios como estamos viendo ahora», dijo el director general de CoreCivic, Damon Hininger, durante una presentación de resultados el mes pasado con los accionistas.
Una medida de recorte de impuestos y reconciliación presupuestaria aprobada el mes pasado por la Cámara de Representantes incluye 45 mil millones de dólares durante cuatro años para la detención de inmigrantes, lo cual triplica los gastos. Ahora el Senado está sopesando esa legislación.
Cuando Trump comenzó su segundo mandato en enero, CoreCivic y Geo tenían unas 20 instalaciones inactivas, en parte debido a reformas de sentencias que redujeron las poblaciones carcelarias. Pero el gobierno de Trump quiere más que duplicar las 41 mil camas existentes para detener migrantes a cuando menos 100 mil camas y, si las predicciones de los ejecutivos de prisiones privadas son precisas, posiblemente a más de 150 mil.
El ICE declaró una emergencia nacional en la frontera con México, parte de su justificación para autorizar nueve contratos de cinco años, lo cual da un total combinado de 10 mil 312 camas sin «competencia completa y abierta».
Sólo tres de las nueve instalaciones potenciales aparecían en el documento del ICE: Leavenworth, una instalación de 2 mil 560 camas propiedad de CoreCivic en California City, California, y una prisión de mil 800 camas propiedad de Geo en Baldwin, Michigan.
El acuerdo para la instalación de Leavenworth no ha sido dado a conocer, ni tampoco los documentos para los otros dos sitios. Los funcionarios de CoreCivic y Geo Group dijeron el mes pasado en llamadas para exponer ganancias que el ICE utilizó lo que se conoce como cartas de acuerdo, un tipo de contrato diseñado para acelerar las cosas cuando el tiempo apremia.
Charles Tiefer, experto en contratos y profesor emérito de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore, indicó que normalmente esa clase de contratos se reservan a asuntos menores, no para los grandes cambios que ve que el ICE está haciendo a acuerdos previos.
«Creo que una carta de acuerdo es una forma patética de hacer contratos grandes e importantes», expresó.
Una ciudad de Kansas muy vinculada con una prisión se convierte en prioridad
La instalación de CoreCivic en Leavenworth rápidamente se convirtió en una prioridad para el ICE y la empresa debido a su ubicación central. Leavenworth, con 37 mil residentes, está a sólo 16 kilómetros al oeste del Aeropuerto Internacional de Kansas City. La instalación albergaría a hombres y mujeres y está dentro del área de operaciones del ICE para Chicago, 676 kilómetros al noreste.
«Eso significaría que las personas objetivo en el área de Chicago y en Illinois terminarían yendo a esta instalación en Kansas», observó Jesse Franzblau, analista sénior de políticas para el National Immigrant Justice Center, un grupo activista que proporciona servicios jurídicos para inmigrantes.
Desde hace tiempo, las prisiones han sido una parte importante de la economía de Leavenworth, empleando a cientos de trabajadores para vigilar a los prisioneros detenidos en dos instalaciones militares, la primera penitenciaría federal del país, una instalación correccional de Kansas y una cárcel del condado en un radio de 10 kilómetros del ayuntamiento.
Se podría haber esperado que la clase política del área de Leavenworth ayudara a CoreCivic. Trump ganó su condado por más de 20 puntos porcentuales en cada una de sus tres campañas presidenciales.
Pero funcionarios municipales escépticos argumentan que CoreCivic necesita un permiso de uso especial para reabrir su instalación. CoreCivic no está de acuerdo, diciendo que no lo necesita porque nunca abandonó la instalación y que el proceso de permisos tomaría demasiado tiempo. Leavenworth demandó a la empresa para obligarla a obtener uno, y un juez estatal emitió una orden hace algunas semanas requiriéndolo.
Un abogado de la ciudad, Joe Hatley, indicó que el pleito legal indica cuánto malestar generó CoreCivic cuando albergó a sospechosos criminales allí para juicios en el tribunal federal para el Servicio Federal de Alguaciles.
A finales de 2021, CoreCivic dejó de albergar a detenidos en espera de juicio en su instalación de Leavenworth después de que el entonces presidente Joe Biden, de filiación demócrata, le pidiera al Departamento de Justicia que redujera el uso de prisiones privadas. En los meses previos al cierre, la Unión Americana de Libertades Civiles y defensores de oficio federales detallaron apuñalamientos, suicidios, un homicidio y violaciones de derechos de los reclusos en una carta a la Casa Blanca. CoreCivic respondió en ese momento que las afirmaciones eran «falsas y difamatorias».
Las plazas vacantes de trabajadores de penales llegaban al 23%, según un informe del Departamento de Justicia de 2017.
«Era simplemente un caos», recordó William Rogers, quien trabajó como guardia en la instalación de CoreCivic en Leavenworth desde 2016 hasta 2020. Dijo que agresiones reiteradas que sufrió le enviaron a la sala de urgencias tres veces, incluida una después de un golpe en la cabeza que requirió 14 grapas.
Cuando Leavenworth demandó a CoreCivic, abrió su demanda con una cita de Julie Robinson, jueza del Tribunal Federal de Distrito que fue designada por el expresidente republicano George W. Bush, quien dijo de la prisión: «Francamente, la única forma en que podría describir lo que está sucediendo en CoreCivic ahora mismo es que es un absoluto infierno».
La demanda de la ciudad describió a detenidos encerrados en duchas como castigo. Dijo que las sábanas y toallas de la instalación obstruyeron el sistema de aguas residuales y que CoreCivic obstaculizó la capacidad de la policía de la ciudad para investigar agresiones sexuales y otros crímenes violentos.
La instalación no tenía reclusos cuando CoreCivic ofreció a los periodistas una visita este año, y parecía que había sido limpiada extensivamente y el olor a desinfectante flotaba en el aire. Una unidad para reclusos tenía una pintura en una pared que mostraba una carreta con cubierta de tela.
Durante el recorrido, cuando se le preguntó sobre los alegatos de problemas pasados, Misty Mackey, una empleada de CoreCivic desde hace mucho tiempo a la que se le pidió que fuera alcaide allí, se disculpó por las experiencias de empleados pasados y dijo que los funcionarios de la empresa «hacemos nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de aprender de diferentes situaciones».
Además de la prisión de Leavenworth de CoreCivic, otras instalaciones alguna vez cerradas podrían volver a entrar en funcionamiento cerca de los principales centros de población inmigrante, desde Nueva York hasta Los Ángeles, para ayudar a Trump a cumplir sus planes de deportación.
El ICE quiere reabrir instalaciones existentes porque es más rápido que construir nuevas, dijo Marcela Hernandez, directora de organización de la Detention Watch Network, una coalición nacional de activistas que ha organizado protestas a nivel nacional contra las detenciones efectuadas por la agencia.
Los condados suelen alquilar espacio en cárceles para la detención de inmigrantes, pero el ICE indicó que algunas jurisdicciones han aprobado ordenanzas que lo prohíben.
El ICE ha utilizado modificaciones de contratos para reabrir cárceles cerradas como el recinto Delaney Hall de mil camas en Newark, Nueva Jersey, y un centro de 2 mil 500 camas en Dilley, Texas, sin ofrecer explicaciones de por qué no se buscaron nuevos contratos con concursos abiertos a ofertas rivales.
La instalación de Newark, que tiene su propia historia de problemas, reanudó las admisiones el 1 de mayo, y el jueves por la noche se registraron desórdenes en las instalaciones. El alcalde demócrata de Newark, Ras Baraka, que anteriormente fue arrestado allí y acusado de allanamiento, citó reportes de un posible motín, y el Departamento de Seguridad Nacional confirmó cuatro fugas.
La modificación del contrato para Dilley, que fue construida para albergar familias y reanudó sus operaciones en marzo, llama a sus unidades «vecindarios» y les da nombres como Oso Marrón y Mariposa Azul.
Los detalles financieros para las modificaciones de contrato de Newark y Dilley están censurados en las copias disponibles en línea, al igual que para más de 50 otros acuerdos que el ICE ha firmado desde que Trump asumió el cargo. El ICE no respondió a una solicitud de comentarios.
Los ejecutivos de prisiones privadas están pronosticando cientos de millones de dólares en nuevas ganancias del ICE. Desde la reelección de Trump en noviembre, las acciones de CoreCivic han subido de precio un 56% y las de Geo un 73%.
«Es la fiebre del oro», dijo Michael A. Hallett, profesor de justicia penal en la Universidad del Norte de Florida que estudia prisiones privadas. «De repente, la demanda está disparada. Y cuando eres el único proveedor que puede satisfacer la demanda, prácticamente puedes establecer tus condiciones».
Pam Bondi, excabildera de Geo, es ahora secretaria de Justicia federal. La firma anticipa que todas sus prisiones inactivas serán activadas este año, dijo su presidente ejecutivo, George Zoley, a los accionistas.
CoreCivic, que junto con Geo donó millones de dólares a candidatos en su mayoría republicanos en todos los niveles de gobierno y grupos políticos nacionales, también se muestra optimista. Comenzó conversaciones diarias con el gobierno Trump inmediatamente después de las elecciones en noviembre, dijo Hininger.
Funcionarios de CoreCivic dijeron que los contratos del ICE proporcionan financiamiento inicial para comenzar a reabrir instalaciones mientras la empresa negocia un acuerdo a más largo plazo. El acuerdo de Leavenworth contempla 4.2 millones de dólares al mes para la empresa, según reveló en un documento judicial.
Tiefer, quien fue integrante de una comisión independiente establecida para estudiar la contratación gubernamental para las guerras de Irak y Afganistán, dijo que el ICE está «haciendo una apuesta a largo plazo muy arriesgada» debido a sus problemas pasados, y señaló que la agencia le ha dado a CoreCivic «las llaves del tesoro» sin que haya competencia.
Pero los analistas financieros en las llamadas de ganancias de la empresa han estado encantados. Cuando CoreCivic anunció sus nuevos contratos, Joe Gomes, de la firma de servicios financieros Noble Capital Markets, respondió con: «Grandes noticias».
«¿Nos están ocultando ustedes alguna otra de estas?», preguntó.