El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó a cerrar la pinza en contra del exconsejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos malos manejos financieros durante su gestión al frente del órgano electoral (2014-2023).
El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, ordenó a la Dirección de Investigación hacer acopio de todos aquellos expedientes abiertos en los que Córdova Vianello es señalado como presunto responsable, ya sea en auditorías internas, quejas, denuncias o faltas administrativas.
Desde su salida del INE, en abril de 2023, Lorenzo Córdova ha sido un mordaz crítico de las reformas electorales, la integración del Consejo General del organismo y de las elecciones para elegir jueces, magistrados y ministros, que se realizaron el 1 de junio, al estimar que el objetivo es colonizar al Poder Judicial y acabar con la división de Poderes.
El primero se refiere a una queja por violencia política en razón de género interpuesta por Julieta Andrea Ramírez Padilla, del partido Morena, quien se sintió agredida por gesticulaciones que habría hecho Córdova durante la sesión de Consejo General del 10 de marzo de 2023.
Actualmente, Ramírez Padilla es senadora de la República, pero en aquella ocasión era diputada federal y fungía como representante de Morena ante el Consejo General del INE. Aquel día, Julieta Ramírez escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Lorenzo Córdova se río junto con Edmundo Jacobo de los pueblos originarios y estaba muy risueño durante mi participación”.
El segundo caso hace alusión al viaje que el exconsejero hizo a Washington y Nueva York, Estados Unidos, del 20 al 24 de marzo de 2023, dos semanas antes de dejar el cargo. La nota informativa del OIC refiere que no está claro si la gira estaba plenamente justificada y si el funcionario estaba facultado para compartir con externos información sobre el funcionamiento del instituto.
Durante aquel viaje, Córdova se reunió con representantes de la National Endowment for Democracy (NED), del National Democratic Institute (NDI), del International Republican Institute (IRI), de la International Foundation for Electoral Systems (IFES), del Woodrow Wilson Center, del Center for American Progress y del Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Ambas carpetas quedaron en proceso de sustanciación, por lo que siguen vigentes. Para que un expediente se dé por cerrado y sea archivado, es necesario que el Consejo General vote en tal sentido. De modo que, mientras eso no ocurra, legalmente es posible que los asuntos puedan ser retomados.
El rastreo de información sobre Córdova Vianello que se emprendió en el OIC del INE coincide con una investigación iniciada por la FGR sobre presuntas irregularidades financieras cometidas en el tiempo en que Córdova presidía el órgano electoral.
El pasado 1 de abril, la FGR envió a la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, un oficio en el que le solicita información sobre exfuncionarios del instituto.
Como parte de la investigación FED/FECOC/FEIAR-CDMX/0000855/2025, la FGR solicitó copia certificada de los nombramientos realizados por el INE a favor de Lorenzo Córdova, del exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina; la directora de Administración, Ana Laura Martínez de Lara y de los consejeros Ciro Murayama Rendón, Adriana Margarita Favela Herrera y José Roberto Ruiz Saldaña.
El oficio también solicita “el nombre y cargo de los servidores públicos que autorizaron el pago extraordinario de remuneraciones por concepto de ‘compensación por terminación de relación laboral’ en favor de las personas citadas en el punto que antecede durante el ejercicio fiscal 2023-2024”.
Firmado por Mario Bulmaro Fonseca Barrera, agente del Ministerio Público de la Federación y titular de la Célula A-II-2 FEIAR, de la Ciudad de México, el documento además exige copia certificada de los comprobantes de pago por remuneración por concepto de “compensación por terminación de relación laboral”, expedidas en favor de las seis personas mencionadas.
Tres días después de la emisión del oficio al INE, el 4 de abril de 2025, apareció en la prensa una inserción pagada, firmada por una persona de nombre Selene Jhoana Peña Chávez, en la que se señala que una serie de auditorías internas “ha revelado irregularidades financieras que afectan a diversas áreas de la administración de Córdova, y que, según los informes preliminares, ascienden a aproximadamente 400 millones de pesos”.
No obstante, los criterios para liquidar a colaboradores del INE son públicos. Una nota publicada el 16 de marzo de 2023 en la página Central Electoral del INE refiere que la compensación por terminación de la relación laboral “es común en el sistema laboral mexicano, tanto en el ámbito privado como en la esfera pública, pues se contemplan como parte de las liquidaciones relacionadas con la conclusión o la separación del trabajador o servidor público”.
El texto agrega que la compensación es una prestación laboral ordinaria y, por tanto, “con ella se ven favorecidas todas las personas que prestan sus servicios en el INE, incluso aquellas que lo hacen como asesores de las representaciones partidistas o de las Consejerías del Poder Legislativo”.
El artículo 582 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE señala que el monto que debe recibir todo trabajador de instituto que deja de laborar —desde el consejero presidente hasta el personal de intendencia— es una compensación de tres meses de salario más veinte días por cada año de servicio.
La misma nota recuerda que, aplicando este criterio, la compensación que recibió el consejero presidente saliente, Lorenzo Córdova, fue de un millón 934 mil 380 pesos con 28 centavos.
En entrevista con este diario, Lorenzo Córdova dijo que la investigación de la FGR obedece a que “hay un ambiente de molestia por las voces críticas, algo muy normal en regímenes con vocación autoritaria. Y como también ocurre en los regímenes autoritarios, se utiliza el brazo penal del Estado para amagar, amedrentar, mandar mensajes, hostigar políticamente a quienes no se subordinan o a quienes mantienen una actitud crítica”.
Y añade: “qué casualidad que en ese contexto, en el que hemos ejerciendo el derecho a ser críticos, por un lado se abre el expediente de la FGR y, por el otro, se ordena rastrear información sobre nuestro desempeño. Es un ambiente de persecución, con lo cual me darían ganas de decir mejor que hagan su trabajo, que se preocupe por sacar adelante estas elecciones que están saliendo muy mal, en lugar de andar peleándose con fantasmas”.
Por su parte, Edmundo Jacobo, otro de los aludidos en la carpeta de investigación de la FGR, dijo a este medio sentirse “extrañado” por la forma en que se hizo pública la pesquisa, además de que él personalmente no ha recibido ninguna notificación ni se le ha hecho requerimiento alguno.
Yo, como presidente del INE, jamás participé en ningún tipo de licitación
Sobre su proceso de liquidación, Edmundo Jacobo dijo que la compensación que recibió en abril de 2023 “siguió las reglas que siempre se han aplicado para la liquidación de los funcionarios del INE, de los consejeros, del secretario ejecutivo. No tiene ninguna novedad”.
Respecto a los presuntos contratos con sobrecosto y proyectos que no siguieron los procesos de licitación que marcan las leyes, Jacobo dijo que las investigaciones realizadas tanto por el OIC como por la Auditoría Superior de la Federación arrojan que no hubo irregularidades.
“Hay recomendaciones tanto del Órgano Interno de Control como de la Auditoría Superior de la Federación, y se fueron atendiendo en su momento. Que yo conozca, no hay ninguna irregularidad que hayan emanado esas auditorías”, expuso.
Córdova Vianello puntualiza que el propio diseño institucional del INE impide a los consejeros presidentes participar en contrataciones, licitaciones y adjudicaciones.
“Yo, como presidente del INE, jamás participé en ningún tipo de licitación; son los comités de adquisiciones quienes llevan a cabo las licitaciones, por lo que yo no firmé nunca un contrato. Eso le corresponde a las áreas administrativas”.
El exconsejero presidente sostiene que su administración fue una de las más escrutadas de la historia, en virtud de que, desde el gobierno federal, se emprendió una campaña de hostigamiento y descalificación, lo que fue acompañado de revisiones por parte de la ASF, la Unidad de Inteligencia Financiera y el OIC del instituto.
“¿Tú crees que personajes como Pablo Gómez o Santiago Nieto, desde la UIF, no escrutaron con lupa todo nuestro trabajo? ¿Tú crees que el contralor Jesús George Zamora, que respondía a Morena y que hoy es consejero jurídico del gobierno del Estado de México, hubiera dejado pasar alguna inconsistencia?”, cuestiona Córdova.