En su mayoría, los legisladores mexicanos han abdicado a ser protagonistas en el combate a la inseguridad. Es indudable que los primeros responsables en la obligación de ofrecer la paz siempre serán los funcionarios que se encuentren en las áreas ejecutivas del Estado, pero los parlamentos tienen atribuciones importantes que no se ejercen.
Hace unos días, un grupo de mecánicos fueron asesinados en Tabasco, lo mismo sucedió con unos músicos en Tamaulipas, y en Irapuato se encontraron 17 cadáveres. Estas son algunas de las malas noticias que inundan los medios de comunicación por todo el país. Un gran triunfo de Morena y su expresidente fue conseguir que la sociedad se habituara a la violencia y la asumiera como inevitable.
A lo anterior se sumó una narrativa polarizante donde el actual gobierno no tiene ninguna responsabilidad de lo malo que acontece. Se escogieron culpables para las calamidades individuales y colectivas. Al mismo tiempo, se estableció una ambiciosa política neoliberal de reparto de ingresos a la población. Lo último genera lealtades y refuerza la confianza en el régimen; es poco probable que el ciudadano reflexione sobre la sostenibilidad de los beneficios que recibe. La desaparición de otros satisfactores, por ejemplo, los servicios de salud, es paliada por esos ingresos y la población no percibe que le trasladan responsabilidades que antes se satisfacían por el Estado.
Es evidente que hay una nueva estrategia en materia de seguridad, como también que el gobierno lucha por borrar en el imaginario, local e internacional, la narrativa de permisividad que le fue heredada y que se sintetiza en la frase: “abrazos y no balazos”.
Mientras tanto, en el Poder Legislativo se dejan de ejercer atribuciones y no se ocupan espacios de diálogo, consulta, evaluación y control que pudieran cambiar el rumbo en la crisis que vivimos. A diferencia de lo que sucede en otras naciones, los congresistas mexicanos tienen poca incidencia en las políticas públicas que se relacionan con la seguridad.
En estos momentos, a un año del inicio de la legislatura, no se han instalado dos importantes comisiones bicamerales: la de Seguridad Nacional y la encargada del seguimiento a las actividades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Por otra parte, las comisiones ordinarias que se ocupan de la materia son meras ventanillas de trámite y en ocasiones se distinguen por transformarse en oficinas de relaciones públicas. Hay que agregar que la mayoría tiene la orden de votar, sin mover una coma, todo lo que remita la presidenta.
La mayoría legislativa abdicó a su responsabilidad de indagar y evaluar los resultados. Un error histórico, al tiempo vamos.