Claudia Sheinbaum calificó como una medida “injusta y sin sustento legal” la decisión del gobierno de Estados Unidos de aumentar al 50 por ciento los aranceles al acero y aluminio importados desde otras partes del mundo, y advirtió que su administración tomará medidas para proteger el empleo y la industria nacional si no se alcanza un acuerdo bilateral.
“Es una medida injusta para todo el mundo, no sólo para México”, dijo la mandataria mexicana y subrayó que el nuevo arancel se aplica a todos los países exportadores de acero y aluminio, salvo Reino Unido, que mantiene una tasa del 25 por ciento.
Desde su perspectiva, la medida no sólo carece de justificación legal dentro del marco del T-MEC, sino que además es contraria a la realidad comercial entre ambos países. “México importa más de lo que exporta en acero y aluminio. Entonces, cuando hay un déficit, no debería haber sanción”, afirmó.
La presidenta también cuestionó el argumento estadounidense de que el alza se justifica por motivos de seguridad nacional, al recordar que la propia Casa Blanca ha señalado recientemente la buena colaboración bilateral en ese rubro.
También, la titular del Ejecutivo informó que este miércoles su gobierno sostendrá una reunión con representantes de la industria del acero y el aluminio, alrededor del mediodía.
Además, reveló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunirá el viernes con sus contrapartes estadounidenses para tratar de encontrar una salida negociada.
En caso de que no haya resultados, advirtió que, si no se llega a un acuerdo, “la próxima semana estaremos también anunciando algunas medidas que estaríamos tomando nosotros, que no tiene que ver con una un ojo por ojo, no, sino de protección de nuestra industria y nuestros empleos”.
En otro tema, Sheinbaum también rechazó las acusaciones de que los médicos cubanos contratados por el gobierno mexicano sean víctimas de trabajo forzado, como lo han argumentado autoridades estadounidenses en relación con sanciones a funcionarios de países de Centroamérica.
“No es trabajo forzado. Tendría que demostrarse”, señaló. “En el caso de México hay un contrato con Cuba y con otros países, por el problema que dejó el periodo neoliberal, cuando dejaron de formarse médicos”.
Aseguró que el acuerdo con Cuba es legal, transparente y con el objetivo de llevar atención médica a zonas marginadas. “No vemos ningún problema en eso”, concluyó.