La diputada Alma Rosa de la Vega Vargas (Morena) destacó que el juzgado 2 de Distrito concediera un amparo a las comunidades indígenas de Guanajuato y Querétaro para que se incremente en 10 por ciento el presupuesto al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).
«Sin duda, esto es un gran logro para nuestros hermanos indígenas», subrayó en conferencia de prensa, acompañada por el diputado de su bancada, Jaime López Vela y activistas defensores de los pueblos y comunidades indígenas.
El diputado Jaime López Vela externó su respaldo a autoridades de los pueblos y comunidades indígenas de Guanajuato y saludó que este amparo prosperara en favor de este sector de la población.
Reprobó que las autoridades estatales violenten los derechos de estas comunidades y de esta manera, desacaten la reforma constitucional que aprobara el Congreso de la Unión.
«A esas autoridades les toca respetar lo que ya hemos votado y reconocer los derechos plenos de los pueblos originarios y a sus autoridades. Vamos a estar muy pendientes y alertar de que se reviertan estos actos de injusticia y de violación a los derechos humanos de los pueblos originarios», indicó.
A su vez, Guadalupe Camacho, activista defensora de los pueblos y comunidades indígenas, celebró este hecho histórico en la entidad, que se ha logrado a través de un amparo que se ingresó el 30 de octubre de 2024, el cual es un precedente que marca la violación de los derechos a las garantías constitucionales, a las normas jurídicas y a la toma de decisiones y formas de gobierno internas de los pueblos indígenas.
Detalló que este amparo tenía por objeto defender y salvaguardar los derechos consagrados en el artículo 2 constitucional que recientemente fue reformado y que busca proteger garantías individuales y colectivas de este sector.
Agregó que este recurso jurídico fue promovido contra la expedición de la Ley para el Gobiernos y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y que transgrede los derechos de autonomía, libre determinación, formas de gobierno interno, y formas de organización social, política y económica.
«Es un amparo en materia indígena que trajo como resultado el 10 por ciento de presupuesto adicional al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en Guanajuato y que será destinado a las necesidades de las comunidades indígenas de Guanajuato y a este amparo se une también Querétaro, ya que estamos hermanados la comunidad otomí chichimeca con esta entidad», subrayó.
La activista reiteró que este es un hecho para celebrar, ya que ahora se tendrán que homologar las leyes estatales y las comunidades y pueblos indígenas podrán hacer efectivo el ejercicio de sus derechos.
Doroteo Mendieta Osornio, originario de la comunidad indígena ñañu, dijo que este tema es muy trascendente, ya que la Ley para la Administración y Gobiernos de los Municipios del Estado de Guanajuato se contrapone a la reforma del artículo 2 de la Constitución Política.
Apuntó que este amparo se promovió en contra del Congreso de Guanajuato y del gobernador, y ahora esta ley quedará sin efecto.