El gobierno de México, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, identificó un total de 933,000 viviendas en situación irregular a nivel nacional. Estas propiedades presentan distintas complicaciones, como adeudos elevados, falta de escrituras o procesos legales pendientes, informó este martes el director general, Octavio Romero Oropeza.
Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal de este martes, 6 de mayo, el funcionario detalló que dentro de este universo de viviendas con complicaciones, 131,000 están involucradas en litigios colectivos; 216,000 fueron recuperadas por el Infonavit pero aún no cuentan con escrituras; otras 497,000 cuentan con niveles de deuda críticos, y 89,000 corresponden a créditos otorgados por el Fondo de la Vivienda del ISSSTE.
Con el objetivo de atender esta problemática, la Secretaría de Bienestar lleva a cabo un censo en las zonas afectadas. Hasta el 5 de mayo, se habían inspeccionado 47,845 inmuebles: 41,625 estaban habitados, mientras que 6,220 se encontraban desocupados. Los estados con mayor número de viviendas en esta condición son Estado de México, Puebla, Chihuahua, Sonora, Hidalgo y Oaxaca.
Según las autoridades, el diagnóstico busca clasificar cada caso según la condición de ocupación: si la vivienda está habitada por el titular del crédito, por terceros con su consentimiento o si ha sido invadida.
En los casos de viviendas vacías, se identificará si fueron abandonadas o dañadas.
Además, se informó que, con base en esta información, se aplicarán distintas soluciones. A quienes aún ocupen sus casas y sean los titulares del crédito se les ofrecerán esquemas de reestructuración que incluyen congelamiento de saldos, reducción de tasas de interés y descuentos al monto adeudado. Para ocupaciones por terceros, se contemplan opciones como el arrendamiento social con posibilidad de compra, aunque no necesariamente se ofrecerán nuevos créditos si el ocupante no es derechohabiente.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que la meta es avanzar en la regularización de estas propiedades, en particular aquellas que no reúnen las condiciones mínimas para ser habitadas. Asimismo, destacó que se buscarán alternativas que beneficien a familias en situación vulnerable que hoy ocupan estos inmuebles, como esquemas de renta o adquisición
Romero Oropeza atribuyó gran parte del problema a esquemas de financiamiento mal diseñados en sexenios pasados, agravados por la intervención de despachos de cobranza con prácticas abusivas, así como por la participación de intermediarios informales y funcionarios corruptos. Además, muchas viviendas fueron construidas en zonas alejadas de centros urbanos y sin servicios básicos, lo que propició su abandono.
Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que más de 1,600 servidores públicos están desplegados en todo el país para completar el censo, cubriendo más de mil municipios en las 255 regiones del programa Bienestar.