Ley para eliminar trámites burocráticos censura derechos ciudadanos y pone en riesgo datos personales: GPPAN

La iniciativa de Ley para Eliminar Trámites Burocráticos enviada a la Cámara de Diputados por la presidenta de México contiene elementos de censura a la participación ciudadana en la elaboración de diversas leyes, normas y reglamentos, concentra todas las decisiones en el Poder Ejecutivo federal y pone en riesgo el uso de datos personales de la ciudadanía, alertó el diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández.
En un análisis detallado de la Vicecoordinación Económica del GPPAN a cargo del legislador panista, revela que esta iniciativa impone un modelo uniforme en todos los órdenes de gobierno, limitando la autonomía local, debido a que estados y municipios deben ajustar sus trámites y requisitos al estándar federal, lo cual puede contravenir atribuciones constitucionales (Art. 115) y no considerar realidades locales.
“El GPPAN hace un llamado a la sensibilidad del grupo parlamentario mayoritario y sus aliados para retirar la iniciativa y en un plazo razonable realizar un análisis más profundo a través de un Parlamento Abierto para discutir los aspectos negativos, con independencia al impacto presupuestal que tendrá en los estados y municipios para su implementación como sucedió en su momento con la homologación del sistema de contabilidad gubernamental”, expresó el vicecoordinador económico.
Como ejemplo destacó que el proyecto obliga a todos los gobiernos locales a adoptar la Llave MX, ventanillas electrónicas y el Expediente Digital sin asignar un solo peso etiquetado del presupuesto federal (Art. 74-76). Para un municipio promedio con ingresos anuales inferiores a 50 millones de pesos, agregó, el costo de desarrollar e integrar plataformas digitales puede representar más del 10% de su gasto corriente; por lo tanto, sin financiamiento, esta reforma será letra muerta.
“El Art. 36 exenta del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) a una amplia gama de normas, entre ellas decretos presidenciales, reglamentos y políticas públicas. Esto borra de un plumazo una herramienta que desde 2018 ha evitado regulaciones improvisadas y costosas para ciudadanos y empresas. Según Coparmex, más del 70% de las normas evaluadas vía AIR fueron modificadas o rechazadas por sus efectos adversos; sin este filtro, volverán las reglas sin justificación técnica”, abundó.
Por otra parte, la iniciativa establece en el Artículo 67 que la Clave Única de Registro de Población (CURP), con datos biométricos será la identificación oficial obligatoria que sustituya a la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual también es un riesgo.
“Esto no solo centraliza peligrosamente los datos personales más sensibles, sino que impone su aceptación incluso en trámites privados. En un país donde los ataques a bases de datos públicas se triplicaron entre 2020 y 2023, esta concentración sin blindaje específico equivale a construir un cofre digital sin cerradura”, alertó.
Téllez Hernández sostuvo que la iniciativa propone eliminar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), la Consulta Pública y el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, lo que representa un preocupante retroceso para la transparencia y la calidad normativa en México.
Estos mecanismos, dijo, son pilares del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, han sido fundamentales para elevar los estándares de gobernanza y fomentar la coordinación intergubernamental, construyendo un camino de diálogo y cooperación entre autoridades, ciudadanos y el sector productivo.
“La desaparición del Observatorio, en particular, significaría la pérdida de una plataforma imparcial crucial para evaluar el progreso en la implementación de políticas de mejora regulatoria a nivel nacional y local, obstaculiza la identificación de áreas de oportunidad, la difusión de buenas prácticas y la rendición de cuentas que han sido esenciales para el diseño de políticas públicas efectivas”, concluyó.