El senador Gilberto Hernández Villafuerte presentó una iniciativa que busca establecer un marco normativo que impulse y regule la transición hacia la electromovilidad en México, garantizando su implementación efectiva a través de medidas que fomenten el uso de tecnologías limpias en el transporte público y privado.
Aseguró que la transición hacia vehículos eléctricos es indispensable para luchar contra la crisis climática, además de que la transición hacia vehículos eléctricos es una realidad inminente y una necesidad urgente para mitigar los riesgos asociados al aumento de gases de efecto invernadero (GEI), a los que dijo, el sector transporte contribuye significativamente con una cuarta parte de estas emisiones a nivel mundial.
Añadió que según el reporte de Electromovilidad de las Naciones Unidas de 2019, en Latinoamérica, el sector transporte es responsable del 22 por ciento de las emisiones contaminantes y del 15 por ciento de los gases de efecto invernadero, por lo que afirmó que “es necesario instrumentar una estrategia de electrificación de la flota y movilidad sustentable integral que contemple los distintos medios de transporte y se acompañe de una producción baja en carbono de electricidad e hidrógeno”.
Subrayó que “la transición hacia la movilidad eléctrica no solo es una necesidad ambiental, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos”., además dijo que la adopción de la electromovilidad no solo representa un avance en la reducción del impacto ambiental, sino que también conlleva beneficios económicos sustanciales, ya que con el desarrollo de la infraestructura de recarga y la reducción en los costos de producción de vehículos eléctricos, tanto consumidores como empresas pueden aprovechar ahorros en combustible, mantenimiento y operación.
Por ello, hizo énfasis en que se deben desarrollar estrategias para reducir la demanda de transporte, fortalecer la infraestructura peatonal y ciclista, ampliar la red de estaciones de recarga y fomentar el uso de transporte eléctrico tanto público como privado.
Explicó que su propuesta busca la creación de un marco jurídico sólido que garantice la implementación eficiente de la movilidad eléctrica; incentivos fiscales y no fiscales para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos y la renovación del parque vehicular; la expansión de la red de estaciones de recarga para hacer viable el uso masivo de vehículos eléctricos; y el impulso a la generación de energías limpias a precios competitivos.