Los diputados federales del PRI, que coordina Rubén Moreira Valdez, votarán en contra del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND) ya que presenta indicios autoritarios y nula rendición de cuentas, además de no coincidir con los Pre Criterios Económicos que recién presentó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa, el diputado Samuel Palma César criticó que este plan del Gobierno Federal incorpore la ideología del oficialismo como el cambio de régimen, la economía moral y el humanismo mexicano, pues carece de un análisis serio dado los malos resultados registrados en salud, seguridad, educación, justicia, entre otros.
Señaló que el PND incorpora temas ideológicos como separar el poder político del económico, presenta ideas para centralizar el poder, además de tener indicios de autoritarismo, corrupción, abuso y nula rendición de cuentas.
El legislador priista recordó que los casos de SEGALMEX o Birmex muestran que más que la separación del poder económico del político, se acreditan nuevos fenómenos oligárquicos con algunos actores nuevos.
Asimismo, Samuel Palma sostuvo que ahora el cambio de régimen se caracteriza por la instauración de un presidencialismo exacerbado, que alinea a su partido y a los aliados políticos de éste, que se encarga de derrumbar contrapesos y equilibrios como la eliminación de organismos autónomos y la mal llamada reforma al Poder Judicial.
En el Plan Nacional de Desarrollo se carece de una visión integral sobre el sistema de justicia en México, por ello, dijo, el PRI propone una perspectiva que vincule la reforma del Poder Judicial con el resto del sistema de justicia, abarcando desde las fiscalías, policías de investigación, hasta el sistema penitenciario.
El legislador morelense aseguró que ante la amenaza de un régimen de partido hegemónico, el PRI plantea el fortalecimiento del régimen plural de partidos, un mayor peso a los debates políticos, el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como introducir explícitamente en la Constitución principios constitucionales no reformables.
Explicó que para tener un crecimiento económico inclusivo, se deben de atender las condiciones de desarrollo del país, su infraestructura, la inversión, la sustentabilidad del gasto público, los ingresos y los límites del endeudamiento, así como la necesidad de eficientizar los proyectos públicos.
Finalmente, el congresista consideró que actualmente se requiere de una política consistente en la conservación del medio ambiente, reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y fortalecer un programa de empleo.