Por Víctor Barrera
Sin duda que los altos índices de inseguridad en México no son cosa de unos años, porque son de varias décadas, donde en algunos años se ha intentado enfrentar a los grupos criminales, pero esto suele ser infructuoso debido a que estos grupos compran las voluntades de muchos políticos y funcionarios públicos.
Lo que es cierto es que cada seis años existe un cambio de poder Ejecutivo en el país y quien asume dicho cargo tiene la responsabilidad de hacer algo para enfrentar el problema. Lamentablemente esto no es algo que se continue porque las decisiones de cada mandatario no corresponden a las de su sucesor.
En México, hoy se tiene una administración de continuidad con un plan que se aplicó hace seis años y que dio como resultado más de 200 mil muertos denominados homicidios dolosos.
En lo que va de la presente administración, estos se han contabilizado en más de 17 mil personas, lo que nos muestra la necesidad de cambiar la estrategia de manera radical para evitar que la gente muera a manos de quienes se sienten con el poder de decidir si una persona vive o muere.
Recientemente en nuestro país se han localizado crematorios clandestinos, donde los muertos de cada uno suman más de un centenar y esto nos hace pensar que estos crematorios han funcionado durante muchos años posiblemente con el conocimiento de las autoridades,
Porque estos crematorios están ubicados en municipios y comunidades donde la población es escasa y donde fácilmente esa misma población puede enterarse de lo que sucede en esos lugares.
Esta información pasa rápidamente a oídos de las policías locales, que transmiten la información a la policía estatal y está a sus mandos superiores y al gobierno estatal, lo que demuestra que existe mucha gente enterada de esos cromatos y su función, pero nadie hace nada al respecto.
Estos crematorios, también muestran que las ropas y zapatos encontrados ahí, pertenecían a gente que no tiene dinero, que posiblemente salieron a buscar un empleo y se encontraron con aquellos anuncios de “un empleo fácil y con remuneraciones altas” y solo esto podrían ser publicados con recursos de organizaciones dudosas en su actuar.
Esto es, que esas organizaciones criminales, lanzan mensajes para que los jóvenes y personas de escasos recursos acudan a sus “oficinas” en busca de un empleo y posiblemente lo encuentres, pero esto será a cambio de mostrar lealtad o de lo contrario encontraran la muerte en esos mismos empleos.
Si esto no nos indica que alguna proporción de la clase política s encuentra totalmente ligado al crimen organizado, entonces queremos seguir viviendo en un país de impunidad y que la ley del mas fuerte es la que seguirá imperando.
México no puede ser indolentes ante estos hechos y la sociedad deberá pedir que las autoridades gubernamentales de cada municipio, y estado sea investigado por las autoridades policiacas y que para que esta investigación se encuentre libre de cualquier elemento que impida llegar hasta las últimas consecuencias,.
Es decir, que los legisladores deberán hacer su trabajo y modificar las leyes constitucionales para que cualquier funcionario público, incluyendo los legisladores, que sean sujetos de una investigación o demandados por un acto ilícito, deje su puesto para evitar que este siga siendo un escudo que proteja la impunidad.
México requiere de un estado de derecho igual para todos y quienes habiten nuestro país. Donde las leyes y la justicia sean imparciales y que no sean rehenes del tráfico de influencias o dinero.
Esta administración federal tiene aún la oportunidad de hacer que esto sea realidad. Aunque en ello vaya a romper con quienes se asumen por encima del poder Ejecutivo.