La posibilidad de que el precio de la tortilla, que es uno de los alimentos principales en la dieta de los mexicanos, podría alcanzar en el 2025 los 32 pesos por kilogramo ha desatado una serie de dichos de políticos, expertos e investigadores.
Lo que es un hecho que, de alcanzar este precio, el impacto económico para las familias mexicanas sería importante porque destinarían más de una tercera parte de sus ingresos para comprar el alimento.
Los productores han manifestado que el incremento del precio solo es la resultante del incremento de los insumos como el maíz, electricidad y gas, además argumentan que el precio de este producto no ha logrado alcanzar el precio real, respecto al costo total de su producción.
Sin embargo y de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), en diciembre de 2020 el precio promedio del kilogramo de tortilla en México era de 15.54 pesos, mientras ahora se ubica en aproximadamente 23.17 pesos, una variación de 7.63 pesos o 49.1 por ciento.
En México existen alrededor de 130 mil tortillerías. Sin embargo, la industria harinera de maíz, controlada por un pequeño grupo de empresas, es la que tiene el mayor impacto en el precio al consumidor compran las tortillas. Según estimaciones de diferentes instancias, Maseca controla más de 70 por ciento de este negocio en México, seguido por Minsa, con alrededor de 25 por ciento. El resto se lo reparten Harimasa, Cargill de México y Molinos Anáhuac, entre otras.
En 2022, el gobierno federal, en turno, responsabilizó de manera directa a Maseca –subsidiaria de Gruma– por el incremento del precio de la tortilla (que en ese momento había aumentado más de 30 por ciento en dos años), por ser un actor preponderante en este mercado.
Ricardo Sheffield, quien en ese momento era el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, destacó que, sin importar cómo se comportan los precios de la tonelada de maíz, esta compañía mantenía sus precios al alza, lo que orilló a la mayoría de las tortillerías a encarecer el producto.
Una de las primeras acciones de Claudia Sheinbaum como presidenta fue encomendar a Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, no sólo estabilizar el precio de la tortilla en México, sino reducirlo al menos 10 por ciento para fin del sexenio, para lo cual el gobierno trabaja con productores de harina, maíz y tortilla.
Lo que es cierto es que ante la baja de producción de maíz en México, este debe importarse, esto ofrece de entrada un precio mayor ya en el costo de la producción de tortilla, si a esto sumamos que los energéticos, como gasolina, diésel y electricidad también presentan incrementos el costo del producto final se incrementa.
Por tanto el gobierno federal deberá trabajar en coordinación para ofrecer a campo mexicano los insumos suficientes y en costos adecuados para la siembra y cosecha del maíz, esto significará aumentar el presupuesto al campo, Coordinarse con el sector empresarial y establecer la apertura del mercado harinero, para con ello disminuir el costo de este producto y establecer un dialogo con los productores de tortillas para que el costo final no impacte demasiado en la economía familiar.