El abuso sexual infantil en México empieza ha mostrar cifras alarmantes, las cuales han sido olvidadas principalmente por la falta de información y la conciencia sobre lo que implica este problema.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) este problema se duplicó en sólo cuatro años, al pasar de 2.2 en 2018 a 4.5 por ciento en 2022 de la población infantil afectada
Estas cifras también revelan que en Nayarit el incremento fue de 10 por ciento y Morelos 9.4, en tanto en Nuevo León de 9 por ciento, estados con las cifras más altas.
Estas cifras ubican a México en el primer lugar en incidencia del abuso sexual infantil. De acuerdo a las mediciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Desde hace mucho tiempo se sabe que los responsables de más de 90 por ciento de los casos de abuso sexual infantil son familiares directos como son los padres, tíos o padrastros.
A pesar de que la pasada administración manifestó que trabajaría en apoyo del cuidado de las niñas y niños, ha sido en ese sexenio donde las cifras se dispararon, pese a que en muchas ocasiones las denuncias que se realizan no son investigadas a fondo, lo que muestra que aun en México no se toma en cuenta la voz de los niños y los jueces de lo familiar y penales incumplen con su responsabilidad de avisar al DIF para que asista y acompañe a los menores, como mandata la ley vigente desde hace 10 años.
Un elemento de impacto es el incremento de divorcios que se presentan en el país, donde la discusión sobre la custodia de los hijos se ve en razón de los beneficios económicos olvidándose de la de salud física, mental y bienestar l de los niños y niñas.
Además de la disputa sobre quién se quedará con los niños, los pleitos de divorcio se complican por la pensión alimenticia, el interés de alguna de las partes por impedir que el otro tenga contacto con los niños o que se ordenen visitas supervisadas, entre otros factores. A eso se agrega el posible abuso sexual infantil y donde los niños están en total desprotección, en medio de sus padres.
Sin embargo y aun cuando la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes se establecieron las figuras de representante coadyuvante sin conflicto de intereses o representantes en suplencia que se asignan a los DIF nacional y estatales, en muchos casos dicha ley se omite.
En México esta omisión coloca en vulnerabilidad a los infantes y nos hace ver la realidad sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En esto también juega un papel importante la actividad del poder judicial, que hasta ahora no ha sido de importancia para hacer valer la Ley de protección para los infantes que se ha establecido en el país
La Organización Mundial de la Salud define el abuso sexual infantil como la participación de un niño o niña en una actividad sexual que no comprende completamente y a la que no puede dar consentimiento o para la cual no está́ preparado en su desarrollo y no puede consentir, o que viola las leyes o los tabúes sociales de una sociedad.
En investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, se plantea que este fenómeno “no es situacional y puede afectar la vida en general de quien sufrió la agresión, porque cada sobreviviente tiene una forma de reaccionar única que podrá o no superar a lo largo de su vida.