En la Cámara de Diputados, desde la bancada del PRI se solicitó restaurar el FONDEN, con el fin de que los estados más vulnerables a las inclemencias climáticas y otros desastres naturales cuenten con recursos y apoyo para hacer frente a esos fenómenos.
El diputado federal Arturo Yáñez propuso cambios a la Ley General de Protección Civil, para reponer el mecanismo señalado.
Pidió agregar a la norma que contempla la responsabilidad en los tres órdenes de gobierno de atender los efectos de desastres naturales, que dichas instancias deberán en su caso atender “la reconstrucción de infraestructura social y de comunicaciones y transportes que se vea afectada por los desastres naturales”.
Solicitó ajustar el artículo 92 de las disposiciones vigentes, para señalar que se atenderá en su conjunto a “la población afectada por desastres” y no solo a los productores rurales de bajos ingresos.
Añade que el Ejecutivo no sólo “vigilará la instrumentación de un programa para la atención de fenómenos naturales perturbadores, sino que instrumentará el programa».
“Garantizando la suficiencia de recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, indica.
Al artículo 93 se debe integrar el deber de los tres órdenes de gobierno, que deberán concurrir tanto en acciones como en la aportación de recursos “para la entrega de apoyos directos a la población afectada por desastres, así como para las tareas de reconstrucción que, en su caso, sean necesarias”.
En defensa de su iniciativa, el congresista señaló que el país necesita un mecanismo financiero ágil y efectivo que permita auxiliar en el menor tiempo posible y con recursos suficientes, a los estados y habitantes damnificados por emergencias naturales.
Aseguró que el Fondo referido no solo permitía responder de manera pronta a los efectos de desastres naturales, sino que representaba una herramienta de “justicia social”, ya que los más afectados por la devastación son personas que viven en zonas marginadas y tienen acceso limitado a servicios de agua potable, electricidad y atención médica.
Asimismo, era garantía de atención a los daños y protección de la infraestructura crítica como escuelas, hospitales, carreteras y sistemas de comunicación.
Carecer de recursos, como sucede actualmente, para atender los desperfectos descritos, señaló, puede agravar y prolongar las afectaciones provocadas por desastres, lo que también afecta a la población involucrada.
“La inversión en la prevención y preparación ante desastres es una forma de asegurar que el impacto económico y social de un desastre no sea irreversible. México, y en particular estados como Durango, deben estar mejor preparados para enfrentar estos eventos, no solo para responder de manera eficiente, sino para reducir los riesgos a futuro”, expresó.