La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla presentó una iniciativa de reforma constitucional para descriminalizar la producción, el tráfico y el consumo de sustancias psicoactivas en México. La propuesta se enfoca en cambiar la política actual, buscando un enfoque más regulatorio y recaudatorio que permita mitigar los riesgos asociados al consumo de estas sustancias.
La reforma contempla otorgar al Congreso de la Unión la facultad de establecer contribuciones fiscales sobre las sustancias psicoactivas. Además, la iniciativa propone la creación de un Plan Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, que tendría como objetivo garantizar la salud pública de los consumidores. Los gobiernos locales deberían crear sus propios planes dentro de un plazo máximo de 180 días a partir de la implementación del plan nacional.
La propuesta de reforma también establece un plazo de un año para que el Congreso modifique la legislación fiscal y penal, mientras que el Ejecutivo Federal debe emitir los lineamientos para regular la producción, el consumo y el tráfico de drogas. Durante este periodo, se llevarían a cabo ejercicios de parlamento abierto, en los que se podrá discutir el enfoque a seguir.
Según la diputada, la reforma tiene como objetivo tratar el consumo y la producción de drogas no desde un enfoque punitivo, sino desde uno regulatorio, que permita al Estado recaudar impuestos para financiar programas de seguridad pública y salud. La propuesta también señala que gravar el mercado de drogas con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) podría generar hasta un billón 113 mil 600 millones de pesos anuales, un monto que representaría aproximadamente el 12% del presupuesto federal.
Además, la diputada menciona que la reforma busca poner fin a la guerra contra las drogas, argumentando que la actual política prohibicionista ha favorecido la creación de un mercado negro de drogas y ha intensificado la violencia relacionada con el narcotráfico. Según su análisis, las políticas actuales no han logrado disminuir el consumo, sino que han incentivado la existencia de un mercado ilegal, sin regulación sanitaria.
Finalmente, la propuesta sugiere que esta nueva estrategia permitiría reducir la influencia del crimen organizado, al disminuir una de sus principales fuentes de ingresos, y poner el enfoque en tratar el consumo de sustancias psicoactivas como un tema de salud pública.