Las entidades federativas y municipios deberían tener mayor margen de acción en materia de gastos en servicios personales para seguridad pública, personal médico, paramédico, de enfermería y asociado a la salud, así como quienes sean indispensables para implementar nuevas leyes federales o reformas, pidió la integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Elizabeth Martínez.
La también presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el recinto planteó cambios a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Lo anterior, con el fin de que el gasto en esos rubros pueda ser autorizado sin sujetarse a los límites establecidos.
La propuesta de reforma indica que la flexibilidad en el gasto en municipios y estados, contempla al personal necesario para brindar atención en materia de seguridad, salud mental, atención a la discapacidad, pacientes con enfermedades renales, diabetes, hipertensión arterial y en general, a los asuntos de salud a nivel local.
Añade que la comprobación y documentación del gasto en esos rubros deberá llevarse a cabo conforme a los reglamentos, lineamientos y normas que se emitan para cumplir ese propósito.
Mantiene la restricción de que el gasto flexible en salud y seguridad autorizado en municipios y estados, no aplicará a personal administrativo.
Ello, con el fin de que las partidas utilizadas se dirijan al personal operativo y éste pueda cumplir sus funciones.
En la argumentación, la congresista señaló que autorizar la utilización del erario en la atención debida en materia de salud y seguridad, sin los límites que marcan las leyes de disciplina financiera, contribuirá a favorecer el desarrollo de las entidades y alcaldías, así como a garantizar el bienestar de la población.
Martínez Álvarez aseguró que, entre otros objetivos, su propuesta busca mejorar la coordinación en seguridad pública y salud entre los tres órdenes de gobierno.
Permitirá atender emergencias de salud como la pandemia por COVID-19, aseguró.
Se generarán programas de atención a personas con discapacidad, más eficientes y oportunos.
Mejorará la atención de problemas de salud mental de la población.
Se institucionalizarán acciones de seguridad pública y salud a nivel local, garantizando el uso adecuado y ágil del recurso público, con apego a la ley en materia de disciplina financiera y cumpliendo con los principios de transparencia y acceso a la información.
Las entidades y municipios podrán contar con recursos suficientes para capacitar a sus cuerpos policíacos y promover acciones de prevención tanto en seguridad como en salud.
También se podrá contar con el personal suficiente y necesario para cumplir las obligaciones de los gobiernos locales de brindar seguridad y atención oportuna en salud a los habitantes, recalcó.