La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) manifestó su respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la histórica revisión de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).  

A través de un comunicado de prensa señaló que esta revisión, aceptada por una mayoría de ocho votos contra tres, representa un acto trascendental que permitirá evaluar si la enmienda constitucional aprobada por el Congreso, vulnera la independencia judicial y la democracia de nuestro país. 

2La revisión de esta reforma subraya la importancia de contar con un Poder Judicial autónomo ante presiones políticas y económicas. La intervención de los ministros para analizar la impugnación de los jueces y magistrados, demuestra el compromiso de la Corte con el análisis riguroso de esta medida, se resaltó en el comunicado 

Agrega que la SCJN tiene no solo la facultad, sino la responsabilidad de revisar la constitucionalidad de cualquier reforma que afecte el equilibrio entre poderes, incluyendo aquellas que puedan comprometer la autonomía del Poder Judicial.  

“Esta acción garantiza que las modificaciones legislativas respeten los límites constitucionales y no vulneren los derechos fundamentales. Esta obligación de la SCJN deriva de la propia Constitución, dado que en el ámbito de su competencia debe proteger, garantizar, promover y respetar los Derechos Humanos, asegurando que la independencia judicial se mantenga firme para garantizar un acceso a la justicia imparcial para todos”, enfatizó el organismo empresarial. 

Asegura que la revisión de esta reforma establece un precedente fundamental para futuras modificaciones que intenten alterar las estructuras institucionales del país. Reafirmamos la necesidad de un control judicial riguroso sobre cualquier enmienda que pretenda modificar las bases del Estado de Derecho que hemos construido como sociedad, asegurando que las leyes no debiliten el sistema democrático. 

Reconocio que esta revisión no solo es un procedimiento técnico, sino una oportunidad crucial para proteger las instituciones que salvaguardan la justicia en México, teniendo a la Constitución como el referente indispensable. La posible suspensión de la reforma, si así se decide, sería un paso firme en la defensa de la independencia judicial, un pilar indispensable para la democracia. En este sentido, la Ministra Presidenta, ha tomado la decisión de reencauzar la petición de los promoventes, asignando la elaboración del proyecto a otro ministro o ministra que corresponda, lo que refuerza la transparencia y el debido proceso en este asunto. 

La reforma al Poder Judicial ha generado una gran incertidumbre, no solo entre los jueces y magistrados, sino también en la comunidad empresarial nacional e internacional, y la sociedad civil. Reiteramos que cualquier cambio en el sistema de justicia debe fortalecer y no debilitar la independencia de los jueces. La interferencia política en las decisiones judiciales pone en riesgo el equilibrio entre poderes y, por ende, la estabilidad económica y social del país. 

Un Poder Judicial independiente es fundamental para la estabilidad jurídica y económica del país, lo cual tiene un impacto directo en la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. Esta acción envía una señal clara de que en México se respeta el Estado de derecho y se valora la certidumbre jurídica como base del desarrollo económico. 

Por ello, desde COPARMEX, exhortamos a las autoridades competentes a proceder con responsabilidad y a escuchar las voces que han señalado los riesgos de esta reforma. El análisis profundo y el respeto a la división de poderes son esenciales para asegurar que el Poder Judicial continúe siendo un árbitro imparcial y una garantía de justicia para todos los ciudadanos. 

Enfatizamos nuestro compromiso con la construcción de un México más justo, inclusivo y en paz. Apoyamos y confiamos en la Suprema Corte en este momento crucial y seguiremos vigilantes para asegurar que cualquier cambio en nuestras instituciones fortalezca la democracia y respete los principios fundamentales del Estado de derecho.