Esta semana, el pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará las reformas constitucionales para traspasar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa y reconocer plenamente los derechos de pueblos indígenas y derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.
Los dictámenes aprobados ya en comisiones durante la recta final de la pasada legislatura forman parte del llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma para cambiar la adscripción de la Guardia Nacional suprime la denominación de “institución policial de carácter civil” y define a la corporación como “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional”.
Le otorga asimismo la facultad constitucional de investigar los delitos, bajo la coordinación del Ministerio Público.
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir con los objetivos de la seguridad pública”, señala
Establece además que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública.
A su vez, el proyecto de reforma al artículo 2 de la Constitución prevé reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
De acuerdo con el dictamen, las modificaciones y adiciones constitucionales representan el reconocimiento pleno de los derechos indígenas y afromexicanos.
Entre otros aspectos, la reforma incorpora a la Constitución el derecho de las comunidades a la consulta libre, previa, informada culturalmente adecuada y de buena fe respecto a medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones e impactos significativos en su
vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo.
“La importancia de prever esta figura radica en que sean consultados los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos para obtener su consentimiento o se llegue a un acuerdo para la realización de proyectos que ameriten la actividad del Estado vía concesiones, permisos, autorizaciones o cualquier medida administrativa o legislativa, y en caso de que se otorguen a particulares con fines de lucro, reciban un beneficio y así evitar abusos en su contra”, señala la exposición de la iniciativa.
La reforma fortalece el reconocimiento a los sistemas normativos y especificidades culturales de los pueblos para decidir sus formas internas de gobierno y elegir autoridades, resolver conflictos internos, promover las lenguas indígenas y practicar la medicina tradicional entre otros aspectos