El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) ha manifestado su firme rechazo a la Reforma al Poder Judicial que hoy se discutirá en la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó el perredista y secretario de la misma, Jesús Alberto Velázquez Flores.
El legislador detalló que la decisión de la fracción se basa en que el proceso legislativo se ha caracterizado por una simulación y falta de seriedad por parte del oficialismo en el tratamiento de temas de vital importancia para el país.
Asimismo, señaló que los foros de Parlamento Abierto, convocados como un mecanismo para promover la participación ciudadana y la toma de decisiones colegiadas, fueron utilizados de manera fraudulenta. “En lugar de servir como un espacio para escuchar a ministras, ministros, juezas, jueces, magistradas y magistrados, estos foros se convirtieron en una mera formalidad sin impacto real en la elaboración de la reforma”.
“La reforma propuesta y su tramitación han sido un verdadero atropello. Los foros de Parlamento Abierto fueron una simulación y la participación de la ciudadanía y expertos en justicia fue ignorada por Morena y sus aliados. Este tipo de legislación al vapor no sólo vulnera el proceso democrático, sino que también pone en riesgo la integridad del Poder Judicial del país”, denunció Velázquez Flores.
En este tenor, a nombre de las y los perredistas en la Cámara de Diputados reiteró que la reforma al Poder Judicial, tal como se encuentra actualmente, representa un retroceso significativo y un grave riesgo para el equilibrio y la independencia del sistema judicial en México.
“Estamos dispuestos a discutir propuestas que verdaderamente apunten a fortalecer nuestro sistema judicial; pero en este contexto y con este planteamiento no podemos y no vamos a apoyar esta reforma. Los temas de esta magnitud requieren un debate serio y respetuoso, y no una aprobación apresurada que comprometa la justicia en nuestro país”, agregó el legislador por Veracruz.
Finalmente, a nombre del GPPRD hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales a reflexionar sobre las implicaciones de esta reforma y a exigir un proceso legislativo transparente y participativo.