Por Víctor Barrera
Sin duda el próximo mes de septiembre será crucial para conocer si en realidad la mayoría del nuevo Congreso de la Unión, conformada por Senadores y Diputados Federales, trabajaran a favor de quienes representan o seguirán bajo la tutela del régimen actual, solo para quedar bien con su “jefe”.
La decisión de su voto respecto a las 18 reformas legales y 5 constitucionales, las cuales fueron presentadas por el aun inquilino de Palacio Nacional, pueden generar mucha volatilidad en los mercados locales. Porque en su mayoría ninguna tiene algún aspecto positivo para el país, ni en lo económico, ni en lo institucional.
Si se aprueban, la reformas, su impacto puede ser negativo porque una gran cantidad de participantes de los mercados financieros internacionales piensa que el poder concentrado en una persona no es bueno, por lo que siguen insistiendo en que se mantenga el estado de derecho, mientras que en lo interno se pide se mantenga la división de poderes y los organismos que se han convertido en contrapesos al poder.
El resultado inmediato es que habría movimientos en los mercados de cambio, de valores y posiblemente la inversión disminuiría con relación al nivel que ahora se presenta, postergando con ello la posibilidad de creación de infraestructura y el desarrollo de algunas zonas en el país.
Si agregamos el deterioro institucional por la desaparición de varios institutos autónomos derivados de las reformas como la política que significa reducir el presupuesto para el INE o las reformas para desaparecer al INAI, la Cofece y el Ifetel, se pondría en entredicho el desarrollo democrático, la transparencia del gobierno y la apertura de mayor participación económica para impedir los monopolios dentro del país
Esto significará un retroceso en lo que la sociedad civil fue construyendo a lo largo de los últimos años, sobre todo porque la democracia que se ha construido ha permitido a México tener diferentes regímenes sin eternizarlos como lo sucedido en el siglo pasado. que de alguna manera impidieron mayor corrupción en los gobiernos.
Esto obliga a la administración federal de Claudia Sheinbaum a establecer un gobierno de toma de decisiones con base en análisis bien realizados, escuchando e incluyendo todas las opiniones. Alejado de las ocurrencias y la construcción de obras con costos enormes.
El objetivo principal será recuperar la confianza de inversión en el país establecer políticas públicas encaminadas a la creación de riqueza y desarrollo de todas las áreas para establecer una mejor calidad de vida para los que habitamos México.