El presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López y el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, se encuentran en desacato al no reconocer la sentencia judicial que obtuvo el abogado Rubén Choreño Morales para asumir la Secretaria General Del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Respecto a esto la juez emitió un acuerdo con fecha 18 de julio de 2024 que certifica a estas autoridades a reconocer el último acuerdo del pasado 14 de junio donde se determinó un periodo de 3 a 5 días para dar cumplimiento al ordenamiento protector que le otorga la legalidad para que en la brevedad se otorgue la Toma de Nota como el secretario general electo del STPRM al abogado Rubén Choreño Morales.
En este mismo fallo se determinó no otorgar más plazos y se dio vista al ministerio público federal con el objetivo de fincar responsabilidades de acuerdo al artículo 261 de la ley de la materia.
Es así como se espera que en breve la autoridad responsable de cumplimiento al fallo.
Debe recordarse que el Tribunal Colegiado del Segundo Distrito en Materia Laboral fijó un plazo límite, que venció el pasado 22 de marzo para que la nueva directiva sindical, encabezada por el abogado Rubén Choreño, reciba oficinas, instalaciones y documentación del sindicato.
En varias ocasiones Choreño Morales ha señalado que desde el 2018 la directiva sindical petrolera encabezada por directiva de Ricardo Aldana dejo de tener esas funciones
Recordó que como secretario general del STPRM, electo por los trabajadores petroleros, hará valer sus funciones e iniciará una revisión saber la situación actual, económica del sindicato, para empezar una nueva etapa y terminar con la corrupción existente.
Además, indicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por alguna razón se ha negado para llevar a cabo su registro como secretario general y los integrantes del Comité Directivo,
Choreño Morales sentencio que no les queda, a las autoridades federales, ningún recurso legal para seguir omitiendo sus obligaciones como lo indica el articulo 261 de la materia