Por Víctor Barrera
Los números siempre marcaran una realidad que es difícil de disfrazar, Esto sucede principalmente cuando los gobiernos federales tratan de disfrazar con cifras alegres una realidad que no es tan halagüeña
Pero los números son fríos y no hay manera de evitar que salga la realidad que en muchas ocasiones son mas negativas que positivas y esto esta ocurriendo con este gobierno que a pesar de insistir que las cosas van por buen camino esto no es así.
Este gobierno federal pasará a la historia como el peor, donde el avance del país, en materia económica es verdaderamente raquítico, un promedio de 0.8 por ciento de crecimiento anual, lo que explica porque no se ha alcanzado ha mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
La herencia de este gobierno para el próximo es una economía ampliamente endeudada. Con un nivel de inflación alta y poca generación de empleos, que significa que el número de familias que no logran salir de la pobreza sea alta. Esto se convierte en una enorme cantidad de población clientelar de los programas sociales y por supuesto un enorme lastre en el presupuesto federal.
Esto último se traduce en un presupuesto muy apretado para tratar de crear riqueza y con ello tener no solo la capacidad de generar mayor infraestructura, que atraiga a los inversionistas y con ello generar los empleos necesarios para que la gente abandone la informalidad.
Los recientes datos dados a conocer por el IMSS informan que aun no se recobra el número de empleos existentes en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, y esto probablemente tenga una justificación por la pandemia del covid -19. Pero no es un punto justificable para no haber aplicado políticas públicas encaminadas a la protección de los empleos dejando como consecuencia un enorme desempleo en el país.
México necesita cambiar de manera importante la forma de hacer política publica, a favor de fomentar la creación de riqueza que permita no solo fortalecer las arcas de hacienda, sino permita que la informalidad vaya disminuyendo a favor de mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.
Pero para ello, las políticas públicas deberán estar fundamentadas en recuperar la confianza de los agentes económicos privados, empresarios e inversionistas, además de dar una mayor certidumbre de la seguridad jurídica y el Estado de derecho.
Por el lado del Poder Legislativo, este deberá dejar de estar a las órdenes de una sola persona y mirar hacia el bien común, que es el crecimiento y Desarrollo de México.
Por tanto los representantes deberán de aprobar solo las reformas a leyes que permitan recuperar la confianza de los inversionistas y no aquellas que sean todo lo contrario.