La diputada María Teresa Madrigal Alaniz (PRD) impulsa una iniciativa para que en caso de que la persona privada de la libertad sea mujer y esta se encuentre en condición de embarazo o en calidad de madre cuyos hijos no cuenten con más familiares que contribuyan a su cuidado, esto se considere un factor para que el juez de ejecución opte en el nombre del interés superior de la niñez por otorgar la libertad anticipada.
La propuesta que reforma y adiciona la Ley Nacional de Ejecución Penal, turnada a la Comisión de Justicia, también busca que las mujeres privadas de la libertad embarazadas se les brinde atención médica libre de cualquier tipo de violencia o discriminación y, “en caso de que los familiares cuenten con los recursos necesarios, podrá recibir esta atención en hospitales privados cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias”.
Agrega que las hijas e hijos que nacieron durante el internamiento podrán permanecer con su madre dentro del centro penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el niño hayan cumplido seis años de edad; además, recibirán educación inicial y tendrán acceso a participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los seis años.
De igual manera, se refiere que si la hija o el hijo tuviera una discapacidad que requiriera los cuidados de la madre privada de la libertad, podrá solicitar la ampliación del plazo de estancia y la consideración como elemento para acceder a la sustitución de la pena al juez de ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior de la niñez.
Asimismo, plantea que las revisiones a los centros penitenciarios podrán llevarse a cabo con la supervisión independiente de organizaciones de la sociedad civil de protección a los derechos humanos.
La diputada Madrigal Alaniz considera que estas adecuaciones normativas permitirán terminar con el abuso del que son objeto las mujeres dentro de las prisiones tanto en áreas médicas como fuera de ellas.
Resalta que estas reformas son indispensables a fin de alcanzar un estado óptimo de las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijos en los centros penitenciarios.
Agrega que esta propuesta pretende atender la resolución de la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el sentido de que las mujeres embarazadas y lactantes privadas de su libertad deben ser proveídas con condiciones especiales durante su detención.