El juez de Control con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Juan José Hernández Leyva, dio un plazo de 24 horas a la Guardia Nacional para trasladar al ex titular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, de la torre médica del penal de Tepepan a su casa en las Lomas de Chapultepec, para llevar sus procesos penales por el caso Ayotzinapa en prisión domiciliaria.
Hasta el cierre de esta edición se esperaba que el ex procurador Murillo Karam fuera liberado y trasladado a su domicilio.
Al acatar este viernes en audiencia la sentencia del Primer Tribunal Colegiado en materia penal, que le concedió al ex gobernador de Hidalgo el beneficio de la prisión domiciliaria, Hernández Leyva sustituyó la prisión preventiva justificada dictada a Murillo Karam y le impuso siete medidas cautelares consistentes en la entrega de su pasaporte y visa.
El juez estableció la vigilancia perimetral y en los accesos a su domicilio de las Lomas de Chapultepec, un registro para visitantes y la prohibición de comunicarse con víctimas o testigos, principalmente con Felipe Rodríguez Salgado, «El Cepillo», jefe del grupo criminal Guerreros Unidos, quien se dice víctima de las torturas que atribuyen al ex funcionario.
El juez señaló que dichas medidas son equivalentes a las de un centro de reclusión, motivo por el cual rechazó imponerle un brazalete electrónico, ya que la legislación vigente le impide combinar una medida cautelar con otra.
Jesús Murillo Karam estuvo presente en la audiencia y al término de la misma regresó al penal de Tepepan, donde espera a que los agentes de la Guardia Nacional lo trasladen a su domicilio, tras un año y siete meses de estar privado de su libertad en el Reclusorio Norte y distintos hospitales.
Cabe señalar que el pasado mes de abril, un Tribunal Colegiado ya había concedido al ex procurador Jesús Murillo Karam una suspensión definitiva para el efecto de que lleve en prisión domiciliaria sus procesos penales relacionados con el caso Ayotzinapa, en el que está acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.