Las plataformas digitales a través de las que se pueden adquirir bienes o contratar servicios a domicilio, tendrían que estar obligadas a garantizar la seguridad de las mujeres que emplean como repartidoras.
Para establecer esas disposiciones, se requieren reformas a la Ley Federal del Trabajo, señaló la integrante de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Sayonara Vargas.
La congresista indicó que aunado a la obligación de establecer medidas de seguridad “efectivas” y capacitar adecuadamente a las empleadas, para prevenir y actuar ante casos de acoso, las empresas señaladas tendrán que establecer políticas internas para garantizar la privacidad y seguridad de las mujeres trabajadoras contratadas.
Manifestó que ante el incremento de la adquisición de bienes y servicios a domicilio, a través de plataformas de internet, también han aumentado casos de agresiones a las mujeres que trabajan en esa actividad.
Refirió que entre otros problemas que enfrentan las repartidoras al ejercer su labor, está el acoso, acoso verbal, agresiones físicas, asaltos, así como desigualdad salarial.
Como en otras actividades laborales, las mujeres que trabajan a través de peticiones vía plataformas digitales, sufren distintas formas de violencia de género.
Refirió que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Envipe 2022, dejó ver que en el área metropolitana del Valle de México, se registró la tasa más alta de robos y asaltos en la vía y transporte público.
Las alcaldías con mayor grado de riesgo para las mujeres, incluyendo las repartidoras, agregó la congresista, son Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.
Las mediciones también revelaron que el 50 por ciento de las repartidoras expresaron sentirse en riesgo al llevar a cabo su trabajo en el horario nocturno, durante el cual aumentan las probabilidades de robo y violencia de tipo sexual.
También, experimentan mayores posibilidades de sufrir accidentes viales; de recibir acoso por parte de clientes, compañeros de trabajo y el público en general; y de experimentar hostigamiento y violencia sexual.
En consecuencia, la diputada Vargas Rodríguez, pidió que se establezcan disposiciones y obligaciones legales para proteger la integridad de las mujeres que trabajan como repartidoras, y reconocer sus derechos.
Deberían contar con prestaciones como un fondo de ahorro, gratificación de fin de año; así como apoyo con servicios de salud y asesoría jurídica, en casos de accidente, robos, agresiones y otros percances.