La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del PAN, propuso una reforma a Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de crear el Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales y Feminicidas, como una base de datos del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública (SNSP).
La iniciativa establece que el Registro “se conformará por los datos que proporcionen las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, incluyendo personas procesadas y sentenciadas por la comisión de delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual, delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, y el delito de feminicidio”.
Subraya que, en el caso de la información en posesión del Poder Judicial Federal y los Tribunales de Justicia estatales, relativa a personas sentenciadas por los delitos señalados, se compartirá mediante convenios, de conformidad con los lineamientos y demás disposiciones aplicables.
Menciona que la información del Registro se gestionará, mantendrá y actualizará conforme a la temporalidad, modalidades y niveles de acceso establecidos en los lineamientos que, para tal efecto, emita el Centro Nacional de Información.
El proyecto agrega que las bases de datos contenidas en el Registro podrán ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas criminales y de reinserción social.
Detalla que las estadísticas nacionales, estatales y municipales podrán compartirse con el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a través de su Secretaría Ejecutiva, y con la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, mediante los convenios respectivos, a fin de proveer la información necesaria para la elaboración de diagnósticos y estudios especializados, así como para el diseño de programas y protocolos.
La iniciativa puntualiza que todas las autoridades con acceso al Registro y aquellas que envíen y reciban información a través de convenios se sujetarán a las disposiciones aplicables sobre el tratamiento de datos personales y se regirán por el respeto a los derechos humanos.
Menciona que el Registro deberá contener como mínimo, de manera enunciativa, más no limitativa, nombre de la persona agresora, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, alias, nacionalidad, estado civil, escolaridad, ocupación o profesión, señas particulares, fotografía, ficha signalética (cuando corresponda), y exposición de los hechos por los que se genera la inscripción.
Asimismo, que corresponde a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, elaborar estudios especializados y diseñar programas y protocolos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que coadyuven a la prevención y erradicación de los delitos sexuales y el feminicidio, tomando en consideración la información recibida del Registro.
La diputada señaló que la cifra de delitos contra la libertad y la seguridad sexual se considera alarmantemente elevada si se toma en consideración que, de acuerdo con la Encuestas Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), las mujeres encuestadas de quince años y más señalaron haber sufrido violencia física y/o sexual y apenas el 7.76 por ciento de ellas denunció los hechos.
Explicó que las conductas sexuales delictivas no constituyen un hecho aislado en relación con quien las comete, pues diversos estudios revelan que este fenómeno es multisistémico en el que se conjugan factores socio-ambientales, del sistema familiar, psicológicos individuales y estructuras de poder dominantes en la población.
Finalmente, destacó la importancia de que las bases de datos posibiliten la generación de estadísticas nacionales, estatales y municipales «para identificar las causas y pautas de comportamiento de este delito, a partir de las cuales las autoridades administrativas y penitenciarias puedan diseñar mecanismos y programas específicos para su prevención».
La iniciativa, que también modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Igualdad de Género para dictamen.