El PAN es el principal artífice para obstaculizar la ratificación de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de Justicia capitalina, toda vez que ha expuesto la imperante corrupción y los negocios “sucios”, lo que ha derivado en procesos y sentencias penales a sus integrantes.
Así lo consideró Godoy Ramos al señalar que está dispuesta a pagar el precio de la no ratificación, a cambio de que prevalezca la justicia.
“A quienes han manifestado públicamente que como venganza política no me permitirán ejercer el derecho constitucional a ratificarme, imponiendo la política a la justicia, les digo:
“Si el costo de luchar porque prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio.
“Porque mi deber es cumplir con la ley, no negociarla para mantener la impunidad de un grupo político corrupto”, puntualizó.
La fiscal Ernestina Godoy consideró que la venganza política de los panistas está directamente ligada con la revelación de la red de Corrupción de ex funcionarios de ese instituto político.
“Lo que hemos puesto al descubierto es una amplia red de corrupción organizada, dirigida y ejecutada por personajes vinculados al grupo que gobierna la alcaldía de Benito Juárez desde 2015.
“Se trata de un patrón abuso de poder, uso indebido de atribuciones y facultades que derivó en un claro enriquecimiento ilícito de quienes encabezaron esas operaciones”, indicó
Dijo que en caso de no ser ratificada, se perdería la oportunidad de seguir con el combate a la corrupción y sobre todo seguir con la transformación de la Fiscalía.
La investigación por la corrupción inmobiliaria en la que están involucrados diversos panistas, recalcó, no es una persecución política ni fabricación de culpables, ya que la corrupción es tangible y una dimensión material concreta.
La indagatoria ha permitido también asegurar 60 inmuebles a la red de corrupción, de los cuales nueve han sido devueltos a la ciudadanía con un valor estimado de más de 90 millones de pesos.
Godoy entregó este día a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, el edificio de Insurgentes 1774, colonia Florida, el cual le decomisaron a dos sentenciados, Nicolás René “A” y Luis “V”, ex funcionarios de alto nivel de la alcaldía Benito Juárez.
Agregó que en su momento dará a conocer si Santiago Taboada está relacionado en alguna investigación por este caso de corrupción.
Y agregó: la acción del Ministerio Público ha molestado al PAN, a sus dirigentes y legisladores.
“Estaban acostumbrados al privilegio de la impunidad. Sólo así se explica la operación de este grupo delictivo vinculado al sector inmobiliario y político (…) esta investigación ha provocado que el PAN se declare en contra de mi ratificación al frente de la fiscalía y han pretendido politizar la justicia”.
Godoy agregó que hasta el momento la FGJ ha llevado a proceso por el citado caso de corrupción, a un ex alcalde, tres ex directores generales, dos ex directores, un ex subdirector, una particular, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora.
Además, otros cinco ex servidores públicos con nivel de altos y mandos medios también son investigados, así como otros dos contratistas.