La legisladora federal María Elena Pérez Jaén -Zermeño impuso 49 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y 16 acusaciones en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los extitulares de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores y Javier May por presuntos actos de corrupción, saqueo, irregularidades y desvío de recursos en el programa federal «Sembrando Vida», proyecto cuyo objetivo es beneficiar e impulsar el sector agrario.
Las acusaciones de la diputada afiliada al Partido Acción Nacional (PAN), exponen la falta de planeación que tuvo «Sembrando Vida» desde su nacimiento, así como los pagos de apoyo en efectivo que no se respaldaron con los estados de cuenta bancarios y que no se acreditó la entrega del recurso a los beneficiarios. Igualmente señaló la falta de documentación que justifique o compruebe el dinero facilitado.
«Solamente se le han practicado cinco auditorías a Sembrando Vida, hemos encontrado desvíos de dos mil 742 millones de pesos, siendo el año 2019 cuando menos se pudo comprobar el destino de los recursos. En el primer año hay irregularidades por casi dos mil millones de pesos, entonces ¿Por qué no ponerle lupa a este programa y hacerle auditorías forenses? Es un nido de corrupción; en 2019 recibieron de presupuesto mil 832 millones de pesos y cada año se ha aumentado, dados los resultados negativos hacen solamente dos auditorías», expresó.
«Los montos totales del dinero desviado de Sembrando Vida corresponden a dos mil 742 millones desde el 2019 hasta el 2023; se dice fácil, pero eso implica muchos recursos; en la auditoría de 2019 se hallaron mil 832 millones de pesos, en el 2020 se descubrieron irregularidades por 901 mil millones y en 2021 se ubicaron 8.5 millones; cuando los programas se hacen con ocurrencias es lo que pasa», enumeró.
«A casi cinco años que se echó a andar este programa, la auditoría levanta la vista. El presupuesto de 15 mil millones pasó casi al doble de 2018 a 2020, de los 28 mil millones que recibieron, ejercieron 27 mil 307 millones de pesos y aquí la auditoría solamente practicó una de cumplimento; si ya tenían el antecedente de que en 2019 el quebranto fue de más de mil 800 millones, deciden solamente hacer una auditoría», expuso.
«En el 2021 ejercieron 28 mil 152 millones de pesos, en el 2022 se gastaron 29 mil millones, en el 2023 les dieron 37 mil 136 millones; es un dineral y nada más les practicaron dos auditorías de cumplimiento y encontraron la desviación de 8.5 millones», recalcó la diputada.
signado al proyecto, Pérez Jaén responsabilizó a la Secretaría del Bienestar de solapar el desvío de bienes a través de programas impulsados por Morena como «Jóvenes Construyendo el Futuro», ya que argumentó que son un «nido de corrupción» y una oportunidad para desaparecer el capital; «ojalá esos proyectos clientelares fueran para apoyar a los jóvenes, pero no es así», opinó.
«Desde antes había un desempeño muy malo del programa Sembrando Vida, además se lo dan a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores y a Javier May ¿Qué hizo el presidente? Los quitó de esa secretaría y los puso en otra», recalcó.
«De los mil 202 millones de pesos otorgados para apoyos a campesinos, no tienen documentos que son obligatorios para corroborarlos, como el registro de huella dactilar y datos biométricos, tampoco la asistencia a las comunidades de campesinos, copias de identificaciones, actas que garanticen que los acreedores pueden ser beneficiarios, actas de hechos de la entrega de apoyos, autorización de pagos por parte de los facilitadores, facturas y recibos. Hay 372 millones de apoyos no entregados a los beneficiarios sin que se justifique la razón por la que no se integraron, esos millones están perdidos, se esfumaron», declaró.
Además, la legisladora evidenció las alteraciones que presenta el padrón de beneficiarios del programa, como personas inscritas que ya fallecieron o que no existen, así como pagos a ciudadanos que no pertenecen al rango de edad establecido.
«Nada acredita que los apoyos fueron entregados porque no hay documentos; algunos están en rangos de edad que no corresponden, como menores de edad o personas de 117 años; algunos recibieron más de los cinco mil pesos que se establecieron y otros no fueron encontrados en el Registro Nacional de Población. Estamos cansados de la corrupción de esta administración, no me voy a dejar ni voy a bajar los brazos ante ellos», dijo.
Programa poco transparente
También señaló que la Secretaría del Bienestar no dispuso de los registros en los que se identificara el total de plantas que fueron entregadas a los beneficiarios en ese año, ni las fechas y especies otorgadas, ya que la información estaba en proceso de sistematización. A su vez, no acreditó la cantidad, ni el tipo de insumos y herramientas otorgadas, las fechas y lugares en que se entregaron, ni los beneficiarios que percibieron la ayuda.
De la misma manera, la funcionaria dio a conocer que los dirigentes del proyecto no elaboraron un diagnóstico de las necesidades de formación permanente requeridas para enriquecer las habilidades y capacidades.
Por último, la legisladora responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de manejar un programa con poca transparencia, luego de que el mandatario no entregó el documento que avalaría la correcta entrega de los recursos destinados a erradicar la pobreza de los trabajadores del campo; «cada afirmación que el presidente hace está sujeta por la ley de transparencia, pero vamos a pedirlo a través de una solicitud de información; nos tienen que rendir cuentas, debería de existir un micrositio con la información accesible de los beneficiarios y sus nombres, que sea público», concluyó.