Por Víctor Barrera
México lleva por lo menos tres décadas construyendo un Estado de Derecho, estableciendo la ley contra la arbitrariedad, donde nadie este al margen de la ley, pero tampoco encima de ella, sin embargo ahora enfrentarnos a un régimen que quiere dar vuelta la pasado, donde sea la voluntad de un solo hombre, quine decida el futuro del país, aun cuando este personaje ha empezado a destrozar al país, es decir quiere terminar con la democracia para volverla una autocracia.
A lo largo de estos años se ha buscado fortalecer a los órganos electorales para que sean ellos y no el gobierno, quien organice, realice y califique los comicios en el país, sin que exista presión de ninguna parte para que estos órganos sancionen conforme a ley. A quienes violenten la misma.
Todo esto lo sabe el inquilino de Palacio Nacional, no obstante pretende, repito, dar vuelta al pasado, para que su proyecto sea el que perdure no solamente en el próximo sexenio sino por varios años.
Pensó que colonizando al INE, a través de imponer en los puestos de consejeros electorales a personas allegadas a su proyecto, podría modificar de alguna manera el proceder del INE. Algo que empezó a funcionar bien.
Pero el Tribunal Electoral, después de algunas denuncias de la oposición, sentencio que el INE debería de actuar, ante un proceso que empezó a salirse del orden legal, y aplicar lineamientos para regular las acciones que Morena y sus aliados habían empezado desde hace algunas semanas pero que después el Frente Amplio por México también inició.
La pregunta es, ¿será necesario incrementar la regulación de unas leyes existentes, pero que no se obedecieron? O simplemente es aplicar estas leyes y amonestar o sancionar a quienes ya incumplieron con la ley.
Es de todos conocido que desde hace semanas el inquilino de Palacio Nacional, inicio su trabajo de sucesión pidiendo a Morena iniciar con sus campañas políticas, disfrazándolas de la búsqueda de un coordinador o coordinadora que defienda el proyecto denominado 4T. Claro esto con su aval y con la oportunidad que tiene de seguir haciendo campaña utilizando recursos públicos a su favor, algo que también esta sancionado en las leyes mexicanas, pero esto bajo la consigna de “No me vengan con que la ley es la ley”.
Se intento presionar al INE para que este no aplique sanciones, porque desde su punto de vista, del tabasqueño y sus huestes, no es una campaña política lo que realizan, por tanto no debe haber sanciones.
Ante esos hechos, ahora se dice que estamos en un escenario “inédito”, por lo que existen quienes en su papel de árbitro y para justificar su posición, sostienen que la norma electoral siempre está cambiando para ajustarse a la realidad política, algo que es cierto y debe hacerse, pero se les olvida que estos cambios no se pueden realizar a capricho de una persona o partido político en cualquier momento, sino también las leyes señalan los tiempos necesarios para llevarlos a cabo.
Es importante señalar que lo fundamental para la legitimidad y credibilidad de los resultados electorales es que las reglas sean claras antes del inicio de la contienda, para que se acaten, de lo contario se enrarecerá todo el proceso y se abre la puerta para que alguno de los contendientes desconozcan los resultados y lleguemos a otro problema anulando los comicios Algo que favorece por supuesto al oriundo de Macuspana.
Estamos en un proceso donde las reglas se modifican a “contentillo” de alguien y esto provocará que se establezca un precedente, que puede hacer más daño a nuestra democracia.
El activismo político que se impuso desde Palacio Nacional verdaderamente provocó un cisma en los órganos electorales quienes después de cinco semanas de haber iniciado el proceso de sucesión por parte de Morena, se acordaron “lineamientos” para regular este periodo electoral a todas luces ilegal. Pero que permitirá que se pueda seguir haciendo esto en los próximos años.