Por Víctor Barrera
Sin duda el capricho de querer demostrar que en México, en este sexenio, quien manda, y espera obediencia ciega, es el titular del poder Ejecutivo, aun cuando este de por medio el futuro inmediato del país.
Y es precisamente dos acciones tomadas por el Poder Ejecutivo que nos muestran que aun cuando se esta en el borde la legalidad, dichas acciones podrían tener consecuencias negativas para el país.
La primera fue el decreto donde se manifiesta que ciertas obras, creadas en esta administración, deben tener carácter de “seguridad nacional”, eludiendo una decisión de la Suprema Corte, y ahora permite que estas obras no puedan dar a conocer información de manera publica, es decir, no sabremos el costo real de cada una de las obras, tampoco, quienes son las empresas que participan en su construcción, por lo tanto se origina un caldo de cultivo para la “corrupción”.
Esto podría ser una bomba de tiempo que en meses siguientes puede estallarle a la siguiente administración federal, porque ante la opacidad en el manejo de los recursos, no sabrá que cantidad de ellos tendrá que destinar para culminar estas obras, algo que presionaría de manera importante las finanzas públicas nacionales.
En pocas palabras, la administración de la 4T dejará una economía sostenida por alfileres, que podría venirse abajo con cualquier movimiento erróneo de la siguiente administración. Algo similar a lo ocurrido en 1994 en la transición del gobierno de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
La segunda acción, corresponde a la toma de algunos activos, por “causa de utilidad pública” de la empresa Ferresur, filial de Grupo México, que pasaran a manos de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que esta encargada de operar el Tren Transístmico.
Dicha acción esta más basada en el “capricho” del tabasqueño López Obrador, por demostrar que el manda y que nadie puede estar por encima de él.
Además la forma en la cual se llevo a cabo esta ocupación nos muestra el fondo de aplicar un autoritarismo, sin importar las consecuencias.
Ambas acciones pueden tener un carácter de preocupación para inversiones futuras que observaran que, mientras el régimen de la 4T este al frente del poder Ejecutivo, no existe la garantía de un respeto al Estado de derecho, donde la impunidad y la justicia manejada al arbitrio de una persona no es confiable para los capitales.
Por lo tanto la preocupación de una crisis financiera pende de las decisiones del tabasqueño, y la forma en la cual su grupo de seguidores, gabinete, legisladores y “corcholatas”, analicen las condiciones que dejará el tabasqueño al país.
Debemos recordar que López Obrador sigue apostando a conservar el poder al precio que sea, algo que repito pisa la delgada línea de la legalidad con la ilegalidad
Hasta el momento no hay nada que pueda hacer cambiar al tabasqueño de ese camino y, por el contrario, podemos esperar más acciones similares que pueden aumentar el riesgo para la estabilidad económico-política del país.