La Cámara de Diputados aprobó con votación casi unánime, de 470 a favor y una sola abstención, los cambios aprobados previamente en comisiones, que eliminan el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en materia de límite de gastos en las entidades federativas.
El proyecto promovido por la mayoría de Morena y que será enviado al Senado de la República, señala que es necesario adecuar el límite del gasto en comunicación social.
Los congresistas eliminaron la disposición que ponía tope de 0.1 por ciento del presupuesto anual al gasto en comunicación social, en entidades federativas, municipios y alcaldías en la Ciudad de México.
La norma se aprueba en el contexto de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, en la víspera del arranque del proceso electoral federal 2024.
También, de la puesta en marcha del “plan b” de la reforma electoral y su impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los congresistas manifestaron que con la reforma, se corrige un “error” cometido al momento de aprobar el paquete de cambios a la ley electoral.
Entidades y municipios pondrán su propio tope al gasto en comunicación
Al fundamentar el proyecto respecto al que no hubo quejas, posicionamientos ni reclamos, el diputado de Morena, Julio César Moreno, aseguró que los cambios contribuyen a eliminar ambigüedades en la ley.
Recalcó que se trata de permitir a los gobiernos estatales, municipales y en las alcaldías de la Ciudad de México que pongan su propio límite de gasto en comunicación social, mientras que para el Ejecutivo Federal, se mantiene el tope de gasto en 0.1 por ciento del presupuesto.
Aunque se abre la llave del gasto en publicidad a gobiernos locales, indicó el diputado Moreno Rivera afirmó que sí habrá candados y medidas para evitar el derroche.
“Para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cumplan cabalmente con la obligación de transparentar y publicitar sus acciones ante sus gobernados”, dijo.
“Con esta reforma se les faculta a las entidades para establecer su propio límite de gastos en materia de comunicación social”, enfatizó.
El congresista de Morena aseveró que si bien habrá libertad para el gasto en comunicación en gobiernos locales, éstos deberán evitar la discrecionalidad, cumpliendo distintos “principios”.
El gasto en publicidad gubernamental se deberá apegar a las normas de austeridad para evitar despilfarro, garantizar que el dinero público se usará con transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez, y racionalidad presupuestaria.
Debe existir un manejo “recto” y prudente del erario, respetando las asignaciones presupuestales.
Se evitarán derroches en precios superiores a los que pagan anunciantes privados, añadió, tomando como referencia tarifas registradas ante la Secretaría de Hacienda.
La publicidad gubernamental también deberá apegarse, subrayó, a los principios de beneficio informativo e interés público para la población, objetividad, claridad, oportunidad, accesibilidad, utilidad e incluyente.
También, al principio de legalidad y a la correcta administración de bienes y recursos públicos, de oportunidad en el contenido, y de territorialidad, para que los mensajes abarquen a la población que habita las entidades, municipios y alcaldías respectivas.