Penas de hasta 15 años de prisión se impondrán a quienes provoquen lesiones con ácido a sus víctimas, de acuerdo con la reforma a diversas disposiciones del Código Penal en materia de lesiones, y de la Ley General de Víctimas, aprobada por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el dictamen, avalado por 453 votos e impulsado por la diputada Valeria Santiago Barrientos, del Partido Verde, en conjunto con diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, «se impondrá de siete a quince años de prisión y de 300 a 700 días de multa, a quien por sí o por interpósita persona infiera lesión o lesiones a otra persona, utilizando para ello cualquier tipo de ácido, álcali, agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable».
La adición del Capitulo I Bis denominado «Lesiones inferidas por ácido o sustancias similares» con un artículo 301 Bis al Título Decimonoveno del Código Penal, precisa que cuando la lesión o lesiones afecten la cara, el cuello, el brazo, la mano o los órganos sexuales de la víctima, la pena se aumentará hasta en un tercio, en su mínimo y en su máximo. Cuando la víctima sea una mujer, persona con discapacidad o menor de edad, la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo.
Si la lesión o lesiones afectan órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o afectan más de la mitad del cuerpo, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio o el feminicidio, en grado de tentativa, según corresponda.
Se reforma también el artículo 36 de la Ley General de Víctimas, para garantizar a las personas agredidas el acceso a cirugías reconstructivas.
Al hablar a favor del dictamen, que se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la diputada Valeria Santiago señaló que
este tipo de lesiones físicas responden a un tipo de violencia motivada por los estereotipos y prejuicios del papel subordinado que algunos hombres quieren que las mujeres mantengan ante ellos.
Por ello, consideró necesaria está reforma para garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia. «Como legisladores es nuestra obligación atender cada una de las acciones que propician este tipo de violencia de género toda vez que las agresiones que se ejercen, por lo general van escalando en su gravedad dejando huellas a quienes las padecen”, subrayó.