El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará en los próximos días una controversia constitucional, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decida si está apegado a la carta magna el contenido de las reformas en materia electoral conocidas como “Plan B”, así como el proceso con el que fueron avaladas, anunció el consejero presidente del Consejo General del órgano, Lorenzo Córdova.
Dicha acción, dijo, se sumará a las impugnaciones que ya se han presentado contra esta reforma.
Por medio de un video en redes sociales difundido la noche de este domingo, afirmó que el Plan B “modifica de manera drástica a la estructura y funcionamiento del INE, poniendo así en riesgo a miles de plazas del servicio profesional electoral nacional y de la rama administrativa, y por ende, la confiabilidad de los múltiples procedimientos que integran a los procesos electorales en nuestro país”.
Como efecto inmediato de la reforma, estableció el cese del Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, al que calificó como “un funcionario ejemplar a quien el instituto y la democracia mexicana le deben mucho”.
Consideró que dicho cese “evidencia la vulneración a la autonomía del INE y el desaseo legislativo de esta reforma”.
Tras apuntar que el INE inició “la batalla jurídica en defensa de la institución, del sistema electoral en general, de los derechos laborales de nuestro personal y en general de la democracia”.
Dijo tener la certeza de que “la constelación de inconstitucionalidades de esta reforma, no subsistirá a la prueba que será sometida a los tribunales de la república, confió en que el Poder Judicial habrá de restablecer el orden constitucional y democrático en nuestro país.
Es el tiempo de la Corte y estoy seguro que las ministras y ministros actuarán con responsabilidad e independencia como los auténticos guardianes de la constitución que están llamados a hacer”.
Además, expuso que la defensa de la democracia seguirá siendo la prioridad en las próximas semanas, “independientemente de las descalificaciones y actos de intimidación que lamentablemente se emprenden desde las más altas esferas del poder”.
En tanto, al aseverar que el INE siempre ha respetado el Estado de derecho, la legalidad, la división de Poderes y las normas “aunque sean regresivas e inconstitucionales”, recalcó que “ya comenzamos a acatar lo que esta nueva legislación arbitraria y antidemocrática nos obliga a hacer”, mientras las instancias judiciales no la declaran inconstitucional.
Por ello, el consejo general acordó conformar un comité técnico para implementar la reforma y la designación de un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva.
También señaló que se abre la posibilidad de que cualquier trabajador del instituto, o cualquier ciudadano que considere afectado sus derechos, pueda impugnar la reforma. A la par, detalló que iniciaron con un juicio electoral en contra de la destitución del secretario ejecutivo.